Un análisis del Observatorio Fiscal revela fuertes disparidades entre municipios, retos para el recaudo propio y limitaciones estructurales que frenan la descentralización fiscal.
Los municipios y departamentos de Colombia, responsables de proveer buena parte de los bienes y servicios públicos, operan con ingresos provenientes de recursos propios, transferencias de la Nación y fuentes de capital.
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en 2024, estas entidades registraron ingresos por $197,5 billones, de los cuales $146,5 billones correspondieron a los municipios y $51 billones a los departamentos.
Las transferencias nacionales fueron la principal fuente de financiación, al sumar $97,1 billones, equivalentes al 49% del total. Les siguieron los recursos propios, con $66,2 billones (34%), y los recursos de capital, con $34,1 billones (17%).
Esta estructura confirma una marcada dependencia de los entes territoriales frente a los giros del Gobierno Nacional, especialmente aquellos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).
El análisis destaca una profunda heterogeneidad en la composición de los ingresos propios entre municipios y departamentos, e incluso entre municipios según su categoría administrativa. El municipio promedio del país obtiene el 50% de su financiamiento de transferencias, lo que evidencia una fuerte dependencia del SGP.
A mayor categoría administrativa, menor es la participación del SGP en los ingresos municipales. Los municipios de categoría especial, como Bogotá o Medellín, son los únicos capaces de generar más recursos propios que los que reciben de la Nación, impulsados por su dinamismo económico y mayor capacidad de gestión.
Las transferencias del SGP tienen destinación específica: deben utilizarse para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, lo que limita la autonomía de los municipios para definir prioridades locales.
El recaudo propio continúa siendo un desafío para la mayoría de municipios.
Solo las entidades de categoría especial logran financiar una porción significativa de su funcionamiento e inversión con recursos propios. En estos municipios, los tributos más importantes son el impuesto de Industria y Comercio (ICA), el impuesto Predial Unificado y estampillas.
En cambio, para los municipios de categorías inferiores, los principales ingresos tributarios provienen de la sobretasa a la gasolina y las estampillas, lo que reduce el peso relativo del predial y el ICA.
En cuanto a los ingresos no tributarios, destacan las tasas administrativas, multas y contribuciones. En los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las contribuciones y los ingresos por monopolios ganan relevancia. Esta diversidad en el portafolio de recaudo sugiere oportunidades de aprendizaje entre municipios para adoptar mejores prácticas que fortalezcan su capacidad fiscal.
Los municipios también enfrentan límites estrictos al endeudamiento impuestos por la Ley 358 de 1997, que exige demostrar capacidad de pago mediante indicadores de sostenibilidad de la deuda, y por la Ley 819 de 2003, que obliga a que toda operación crediticia esté alineada con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se destine exclusivamente a inversión pública y cuente con aprobación de concejos o asambleas.
Como resultado, el crédito representa una proporción significativa del presupuesto solo en algunos municipios de categoría especial.
Por el contrario, la principal fuente de recursos de capital son los recursos de balance, es decir, saldos no ejecutados de vigencias anteriores. Su permanencia refleja debilidades en la ejecución presupuestal y plantea dudas sobre la capacidad municipal para gestionar mayores recursos en el futuro.
Descentralización fiscal: avances limitados y retos persistentes
La combinación de factores —alta dependencia del SGP, baja autonomía financiera, restricciones al endeudamiento y concentración del dinamismo económico en pocas ciudades— limita la capacidad fiscal autónoma de la mayoría de municipios del país.
Este escenario reduce el margen de acción de las autoridades locales y dificulta el fortalecimiento sostenido de la descentralización fiscal. Solo aquellos municipios con condiciones excepcionales de capacidad institucional, escala económica y autonomía financiera logran avances significativos.
El informe concluye que, para cerrar brechas y mejorar la prestación de servicios públicos, es necesario diversificar los ingresos propios, optimizar el recaudo, fortalecer la gestión fiscal y mejorar la ejecución presupuestal, especialmente en municipios de menor desarrollo.
Regístrate al newsletter 
