A días de que se radique la reforma tributaria que va por $26 billones, el presidente Gustavo Petro propuso una medida controversial: que los sectores con mayores ingresos en el país asuman el costo del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), lo cual, a su parecer, sería corregir un error histórico en la política pública.
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La deuda del FEPC, que ya supera los $72,8 billones pagados por la Nación entre enero de 2022 y junio de 2025, ha sido el centro de un largo debate. Para el mandatario, el manejo fiscal de este fondo durante la administración anterior fue “uno de los mayores errores de política fiscal de los últimos tiempos”. Según él, la decisión de subsidiar la gasolina, particularmente a los estratos más altos, desvió recursos que podrían haberse utilizado para combatir la pobreza.
Petro habló de una supuesta obsesión del entonces gobierno de Iván Duque por mantener el apoyo a los “sectores más ricos de la sociedad y de la clase media alta”, que llevó a una “aberración en el presupuesto”, en la que el erario público destinó billones de pesos para subsidiar a quienes más tienen, mientras que la pobreza en el país alcanzaba niveles históricos.
La propuesta, que se incluiría en la próxima reforma tributaria, busca que los sectores de mayores ingresos asuman directamente el costo de este déficit. Petro amenazó con que, si el Congreso no aprueba esta medida, la otra opción sería trasladar la totalidad del pago a través de un incremento aún mayor en el precio de la gasolina.
¿Quiénes pagarán más por el diésel en Colombia?
Pero, es de recordar que este no es el único frente en la batalla del Gobierno contra los auxilios a los combustibles. De forma paralela, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dicho que el diésel subirá para cerca de 360.000 vehículos. La medida busca eliminar el subsidio para los dueños de “camionetas o transporte de lujo” que lo utilizan.
Ávila señaló que, de 1,35 millones de vehículos que consumen diésel en Colombia, una parte considerable corresponde a ese segmento de lujo, que también se ha beneficiado de la estabilización de precios.
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Sin embargo, la propuesta no convence a quienes operan las bombas de gasolina. La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), que representa a más de 6.400 estaciones de servicio, manifestó recientemente su preocupación. Según David Jiménez Mejía, presidente de la asociación, “no existe forma técnica ni operativa para implementar el cobro diferenciado sin una reglamentación clara ni diálogo previo con el sector”.
Jiménez cuestionó la viabilidad de la medida, señalando la complejidad de vender diésel a dos precios distintos desde una misma estación. “¿Cómo se supone que una estación venda a dos precios distintos? ¿Cómo controlar qué cliente usa qué vehículo y cuánto consume?”, planteó.
La falta de claridad sobre cómo se aplicará esta diferenciación en la práctica eleva las dudas, especialmente porque las herramientas tecnológicas necesarias para un esquema de este tipo no existen en la mayoría de los puntos de venta.
¿Los estratos altos en Colombia pagarán la deuda de opción tarifaria?
La estrategia del Gobierno de trasladar los costos de los subsidios a los sectores de mayores ingresos no se limita a los combustibles. Ad portas de ser radicada está la nueva ley de tarifas de energía, en cuyo borrador ya se abordaba la deuda causada por la “opción tarifaria”, un mecanismo creado durante la pandemia que permitió a los hogares de estratos 1, 2 y 3 diferir el pago de sus facturas de energía. Hoy, el saldo en rojo asciende a cerca de $3 billones, un dolor de cabeza para el sector energético.
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A falta de lo que traiga el proyecto final, se plantearía que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como la industria y el comercio, asuman el saldo pendiente de esta deuda a través de un esquema de solidaridad. La iniciativa, que busca redistribuir las cargas financieras del sector, fue recibida con escepticismo.
Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expresó dudas en su momento sobre la viabilidad de la propuesta. “Yo no creo que desde el punto de vista legal un usuario pueda pagar la deuda de otra persona”.
Estratos altos en Colombia pagarían 30% extra en facturas de internet fijo
A todo esto se suma que esta semana el ministro de las TIC, Julián Molina, radicó el proyecto de ley “Internet Solidario”, que busca declarar el acceso a internet como un derecho fundamental y un servicio público domiciliario. La iniciativa propone que los hogares de estratos 5 y 6, junto con las grandes empresas comerciales e industriales, paguen un 30% adicional en su factura de internet fijo.
Los recursos recaudados a través de ese aporte se destinarían a subsidiar a los sectores más vulnerables. Así, los hogares de estrato 1 con registro en el Sisbén A, que cuenten con servicio de energía y estudiantes activos, podrían acceder a un subsidio de hasta el 55% del valor de su factura de internet fijo.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio TIC serían los encargados de definir una tarifa especial, proyectada en aproximadamente $35,000 mensuales, para los nuevos usuarios de estrato 1.
Aunque está por verse qué tanto futuro tendrán, estas iniciativas muestran una intención del Gobierno Petro de reconfigurar la economía de los subsidios en el país, buscando que los sectores con mayor capacidad de pago asuman una responsabilidad directa en su financiamiento. No obstante, en el camino enfrentarán desafíos políticos, técnicos y hasta jurídicos.
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