En un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Ecopetrol solicitó investigar las transacciones de varias personas vinculadas a la empresa, en los que estarían incluidos miembros de la junta directiva, vicepresidentes, exfuncionarios, sindicalistas y proveedores. El problema es que, en algunos casos, estos seguimientos se habrían realizado sin una orden judicial, lo que encendió fuertes cuestionamientos sobre su legalidad.
Esta medida se produce luego de que una serie de reportes de alerta sobre el patrimonio y la conducta del vicepresidente de Ecopetrol para la región Andina Oriente, Bernardo Enrique Forero Duarte, permanecieran sin trámite interno durante 10 meses, a pesar de haber sido entregados directamente al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
Según reveló el periodista Daniel Coronell, la UIAF informó a Roa en febrero de 2024 sobre un incremento patrimonial de $7.000 millones de Forero. La advertencia incluía además antecedentes que ya reposaban en los archivos de Ecopetrol.
Para ese momento, Forero, quien ingresó a la empresa en 2006, ya había sido objeto de varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
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El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre este caso y pidió que “si este funcionario se enriqueció ilícitamente, el presidente de Ecopetrol debe actuar”.
Ante estas acusaciones, Forero respondió que las afirmaciones sobre un presunto incremento injustificado de su patrimonio “no corresponden a la realidad, carecen de fundamento y afectan tanto mi buen nombre como el de mi familia”.
Agregó que la evolución de su patrimonio está debidamente soportada en sus ingresos laborales, prestaciones, cesantías, bonificaciones, rendimientos financieros, venta de bienes, créditos adquiridos y valorizaciones de activos, entre otros factores.
Por esta razón, calificó como falsas las versiones difundidas por algunos medios de comunicación y afirmó que no puede insinuarse que su patrimonio provenga de actividades distintas a las legalmente reconocidas.
Señaló además que está dispuesto a presentarse ante las autoridades administrativas y judiciales, y que “pondré a disposición de estas toda la información tributaria, bancaria y patrimonial que permita esclarecer los hechos”.
También precisó que, hasta la fecha, no ha recibido notificación alguna de requerimientos administrativos o judiciales relacionados con dichas publicaciones. Y anunció que iniciará las acciones pertinentes para proteger y defender su buen nombre y reputación.
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¿Quiénes más están bajo seguimiento de la UIAF?
En ese mismo informe de la UIAF también apareció el nombre de Rafael Guzmán, expresidente de Hocol —filial de Ecopetrol— y recién nombrado en Permian USA, señalado por un supuesto incremento irregular de su patrimonio que incluiría la compra de viviendas y locales comerciales en el exterior. Guzmán rechazó esas versiones.
Las alertas, conocidas en abril, apuntaban a que su patrimonio habría crecido en alrededor de $20.000 millones. Incluso se mencionaba que figuraba como copropietario de varios inmuebles cuyo valor conjunto podría acercarse a los $100.000 millones, entre ellos apartamentos en zonas exclusivas de Bogotá y propiedades en Tunja, Cartagena y Barranquilla.
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En su momento, el directivo se pronunció en entrevista con W Radio y desmintió categóricamente esas acusaciones. “Ni yo ni mi esposa tenemos locales en Cartagena, ni bodegas, ni casas en Tunja, ni apartamentos en España ni Italia. No tengo fincas en Boyacá ni en el Meta”, afirmó.
¿Señalamientos a exfuncionarios sin orden judicial?
Estos señalamientos, sumados a otros casos dentro de la compañía, encendieron las alarmas entre varios de los directivos involucrados, quienes expresaron su preocupación por el uso, alcance y manejo de la información recopilada por la UIAF.
La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que más de 100 personas fueron objeto de revisiones financieras por parte de la UIAF a petición de Ecopetrol.
Aunque oficialmente se trataría de ejercicios de control interno, la composición de la lista sugeriría otro propósito: la vigilancia de sindicalistas, altos funcionarios y hasta miembros de la junta directiva que podrían resultar incómodos para la actual administración.
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De hecho, según El Reporte Coronell, tres exintegrantes de la junta directiva aseguraron que la vigilancia financiera solicitada por Ecopetrol se llevó a cabo sin ningún aviso previo. Incluso señalaron que, en uno de los casos, el monitoreo de los movimientos bancarios se prolongó aun después de que el directivo había dejado el gobierno corporativo.
El mismo informe detalló que, a petición de la petrolera, la UIAF rastreó las cuentas del exministro de Agricultura Carlos Gustavo Cano, quien renunció luego de que el presidente Gustavo Petro vetara su elección como presidente de la junta. El organismo también entregó información sobre la situación financiera de Luis Alberto Zuleta, exdirector de Fogafín.
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Además, Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, que dejó su silla en la junta de Ecopetrol al considerar que el presidente Petro comprometía la autonomía de la empresa, fue igualmente objeto de seguimiento. A esto se suma la solicitud de la petrolera para monitorear los movimientos de Saúl Kattan, expresidente de la ETB, en una firma constituida hace más de 10 años en Estados Unidos.
Uno de los implicados en estos seguimientos le dijo a EL COLOMBIANO que no ha recibido ninguna notificación sobre el caso, lo que considera especialmente delicado, pues este tipo de monitoreo solo podría autorizarse mediante una orden judicial vigente. “Que hagan eso sin un aviso previo es demandable ante el Estado”, manifestó.
Entre los altos cargos cuyos movimientos también habrían sido revisados por la UIAF figuraría Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía. La orden de examinar sus cuentas surgió tras la llegada de varias denuncias anónimas que lo señalaban de presuntas irregularidades en procesos de contratación.
Palma afirmó a Coronell que estas indagaciones representan una intromisión en su vida privada y aclaró que tampoco fue informado oficialmente de la existencia del seguimiento. Sus cuestionamientos se suman a los del economista Mauricio Cabrera, quien también fue objeto de verificación por parte de la UIAF, incluso después de haber dejado su puesto en la junta directiva de Ecopetrol en abril de 2024.
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Cabrera señaló que el análisis de sus movimientos financieros se realizó sin que existieran indicios o evidencias que justificaran una investigación por posibles irregularidades. Por esta razón, varios exdirectivos han pedido explicaciones sobre los motivos que llevaron a Ecopetrol a solicitar estas verificaciones y sobre el uso que la compañía dio posteriormente a la información recopilada.
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