En una decisión sin precedentes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzó a revisar las denuncias de corrupción alrededor del Parque de Las Aguas durante la alcaldía de Daniel Quintero y abrió un nuevo proceso que incrementó la presión sobre los exfuncionarios y excontratistas de ese gobierno.
La medida consiste en la apertura de una investigación y una formulación de cargos en contra de tres empresas contratistas y las dos entidades involucradas en el entramado –Metroparques y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá–, por supuestamente incurrir en prácticas anticompetitivas a la hora de firmar los contratos con los que se le debía hacer mantenimiento a ese importante espacio público.
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Si bien el proceso apenas está comenzando, la resolución de la SIC sentó varios precedentes inéditos en los escándalos ocurridos en el gobierno pasado, no solo por poner en el banquillo a una empresa industrial y comercial del Estado por presuntamente incurrir en prácticas anticompetitivas, sino por analizar a la luz de las normativas del mercado un caso que hasta ahora solo era penal.
La Veeduría Todos por Medellín, organización que jugó un papel clave para que el caso saliera a la luz pública, destacó la apertura del proceso y advirtió que, en caso de que en ese ente se confirmen los cargos, se estaría abriendo el camino para que los gobiernos locales no vuelvan a servirse de entes descentralizados para presuntamente hacerle el quite a los principios de contratación pública.
“Según la hipótesis de la investigación, mediante el uso de contratos interadministrativos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques se habría estructurado un esquema para evitar procesos abiertos de selección. En ese contexto, Metroparques habría servido como intermediario para contratar posteriormente a ciertos proveedores mediante invitaciones privadas”, señaló la veeduría ciudadana.
Un escándalo de vieja data
El Parque de las Aguas es uno de los escándalos por presunta corrupción más sensibles ocurridos durante la pasada administración del exalcalde Daniel Quintero.
En el ámbito penal, en enero de 2024, la Fiscalía imputó a cinco altos exfuncionarios y seis excontratistas por presuntamente haber desangrado las arcas públicas por cuenta de unos contratos que tenían como fin el mantenimiento del complejo recreativo.
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Según sostuvo entonces el ente acusador, desde Metroparques y el Amva se habría armado un entramado para concentrar millonarios recursos en empresas identificadas como la Comercializadora Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S.
Mientras la Comercializadora Jpino recibió contratos por $2.415 millones, 1 Soluciones contratos por $1.313 millones, Estructuras Zafiro recibió contratos por $848 millones.
Para repartir esos más de $4.500 millones, la Fiscalía aseveró que esas tres empresas habrían actuado de forma coordinada para quedarse o perder los procesos de contratación a los que eran invitadas de forma privada por Metroparques.
Además de plantear que dichas empresas tendrían vasos comunicantes entre sí, expresados en particulares que aparecían como empleados simultáneos en varias de ellas, la Fiscalía aseguró tener pruebas de que en los contratos se habrían presentado sobrecostos en la compra de artículos como cloro, reflectores, elementos de bioseguridad, entre muchos otros.
En el proceso que ya cursa ante un juez, el ente le imputó a los implicados delitos como asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, peculado por apropiación y uso de documento falso.
Por otro lado, la Fiscalía también investiga la construcción de una bodega en 2023, que fue subcontratada con una empresa identificada como Construamericana S.A.S., obra en la que habría un supuesto favorecimiento.
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Pese a que estos casos siguen cursando en la justicia, Todos por Medellín también interpuso una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que terminó desembocando en el proceso que se conoció este mes.
A la luz de ese ente, más allá de los presuntos delitos que la Fiscalía investiga y ha expuesto ante los jueces, la SIC ahora revisa si desde Metroparques y el Área Metropolitana se habría configurado un cartel de contratación, a través de prácticas como la invitación a empresas que no serían idóneas, la inclusión de criterios de evaluación que no se ajustarían a la capacidad real de los oferentes y la adjudicación de contratos a empresas que no tendrían la experiencia requerida.
“Con este acto administrativo inicia formalmente la investigación. El proceso deberá determinar si se utilizaron mecanismos de contratación pública para direccionar contratos, restringir la participación de competidores y afectar la libre competencia”, añadió por su parte la Veeduría Todos por Medellín.
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