El martes 26 de agosto se venció el plazo para cumplir la orden que un Tribunal le dio al Estado para ponerse al día con las deudas de las EPS, a raíz de una acción popular interpuesta por el Distrito.
Ante el incumplimiento de la medida cautelar emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con la que se ordenaba al Estado pagar las deudas al sistema de salud –y cuyo plazo venció ayer martes–; la alcaldía de Medellín solicitó a la justicia adelantar un incidente de desacato en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro por ignorar la directriz judicial.
Cabe recordar que el pasado 30 de mayo, el Distrito instauró una Acción Popular en contra de la Nación para que así el Gobierno Nacional cumpliera con las deudas que tiene con las EPS, sobre todo las antioqueñas.
Tras admitir la demanda el pasado 4 de junio, el Tribunal Administrativo de Antioquia había fallado el 11 de julio en favor de la Acción Popular interpuesta por la Alcaldía con la que se buscaba saldar la deuda por $20.3 billones que la Nación le adeudaba en ese momento al sistema de salud a raíz de la falta de giros oportunos de recursos. De hecho, en la demanda se comentó que –en el caso de Medellín– hay hospitales que solo están recibiendo el 6 % de los recursos que se encuentran en cartera.
En la demanda interpuesta en mayo también participaron, como coadyuvantes, el Departamento de Antioquia, la Personería de Medellín, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud y otras 22 entidades, entre públicas y privadas.
Al momento de la demanda la deuda del Gobierno con el Hospital General ascendía a $128.000 millones; con el Hospital Infantil Concejo de Medellín a $9.200 millones; y con Metrosalud a $32.000 millones.
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Sin embargo, pese al plazo dado por el Tribunal para que la Nación pagara sus deudas, el Gobierno de Petro no habría girado los recursos, por lo que el Distrito ha solicitado a la justicia que se inicie un incidente de desacato
Este es una herramienta legal en la que, ante la no ejecución de la orden de un juez, se da inicio a un proceso en el que debe probarse la renuencia, negligencia o desidia por parte de las personas encargada del cumplimiento de lo ordenado. Si llegase a comprobarse la responsabilidad de estas personas, existe la posibilidad de sancionarles con una de multa conmutable en arresto.
“El Gobierno Nacional ha incumplido con sus obligaciones, pero ahora incumple una decisión de la justicia. Ya el Tribunal Administrativo de Antioquia le ha dado la orden de ponerse al día con las deudas que tiene con los hospitales públicos y privados. Las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento y nadie puede estar por encima de la ley. Este desacato puede acarrear para ellos multas económicas e, inclusive, arresto para ministros y funcionarios involucrados. Necesitamos que el Gobierno cumpla con sus obligaciones”, afirmó el alcalde Gutiérrez ante este tema.
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