EPM informó este miércoles que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, propietaria del megaproyecto, reformó la demanda arbitral en curso por el contrato marco de Hidroituango, lo que incrementó sustancialmente las pretensiones económicas.
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De acuerdo con la notificación recibida el 29 de julio, la reclamación de la Sociedad pasó de $2,49 billones a $7,52 billones, es decir, un aumento cercano a $5,03 billones.
El alza obedece, principalmente, a la actualización de valores y a la inclusión de nuevas cláusulas penales reclamadas, según informó EPM en el reporte ante la Superfinanciera.
La demanda inicial busca, entre otras pretensiones, que se declare el incumplimiento por parte de EPM del contrato Boomt, relacionado principalmente con el presunto incumplimiento del hito 10 que se refiere a la entrada en operación comercial de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, y se le condene al pago de la remuneración y las cláusulas penales de apremio.
Un poco de contexto para entender la modificación de la demanda. Hay que decir que la Sociedad Hidroituango es la dueña del proyecto hidroeléctrico. En su configuración accionaria tiene a la Gobernación de Antioquia con un 52,8% y a EPM con un 46,3%. Por el contrato Boomt (cuyas siglas significan construir, operar, mantener y transferir) firmado en 2011 fue que EPM terminó a cargo de construir la obra y por eso mantiene una doble condición en el proyecto como contratista y socio.
Bajo los términos de ese contrato, la Sociedad argumentó que tras la contingencia de 2018 EPM no había cumplido con lo pactado e inició una reclamación ante el centro de conciliación de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, en el que también exigió el pago de las cláusulas penales de ese contrato por los hitos 7, 8 y 9 del contrato Boomt.
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En diciembre de 2023 se conoció un documento de más de 300 páginas en el que dicho tribunal analizó más de 20.000 folios y 70 pretensiones, y llegó a la conclusión de que EPM debía asumir los sobrecostos asociados a la contingencia y que era el responsable de lo que había pasado por el proyecto.
Frente a este laudo, EPM promovió un recurso extraordinario de anulación, el cual se encuentra en trámite ante el Consejo de Estado, sin que a la fecha se haya resuelto de fondo. Sin embargo, mediante auto del 23 de julio de 2024, el Consejo de Estado admitió el recurso y suspendió los efectos de la decisión.
EPM y la Sociedad Hidroituango avanzan en una mesa de negociación
EPM reiteró que contestará la reforma a la demanda arbitral antes del viernes 22 de agosto, dentro del plazo legal, con “argumentos técnicos, jurídicos y financieros”. Al mismo tiempo indicó que mantiene abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Sociedad que permita una solución definitiva a las controversias.
La empresa subrayó que su estrategia busca proteger los intereses de la compañía y de sus grupos de interés, al tiempo que garantiza la culminación del proyecto hidroeléctrico Ituango, considerado de importancia estratégica para el país.
En efecto, a mediados de julio, John Maya Salazar, gerente de EPM, habló de la posibilidad de que la empresa y la Sociedad Hidroituango lleguen a un acuerdo que incluya la totalidad de las obligaciones pendientes y en litigio, y cierren así un capítulo de cinco años de controversias y demandas.
Maya, quien no se aventuró a ahondar en detalles del acuerdo, dijo estar optimista en que puedan cerrarlo pronto y aseguró que tendría “un significado inmenso para el Departamento, porque a partir de lo que resolvamos, derivado de la generación de Hidroituango, Antioquia va a tener una renta en el tiempo. Antes teníamos una expectativas después de recuperar la inversión y una serie de consideraciones que nos podían llevar a un tiempo mucho más alargado para que el Departamento pudiera tener esta renta, sin embargo, con este acuerdo que estamos llegando a partir de que lo firmemos va a tener esa remuneración para todas sus ejecutorias y su plan de desarrollo”.
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