11 de las 15 personas desaparecidas que investigó Amnistía Internacional en Venezuela siguen desaparecidas; pero, al cierre del informe publicado el 15 de julio, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente.
Sobre Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush, los 11 desaparecidos mencionados, se desconoce el paradero de ellos; en el que hay personas de países como Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay y de la misma Venezuela.
Eso es lo que detalló Amnistía Internacional sobre estas personas desaparecidas desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025.
En este, precisan que “las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes, con lo que se configura el crimen de lesa humanidad”.
Las elecciones del 28 de julio: el escenario principal
Luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la victoria de Nicolás Maduro por tercera vez consecutiva, miles de ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades venezolanas para protestar por presunto fraude electoral. La reacción del Estado fue inmediata y violenta.
Según el informe de Amnistía Internacional, al menos 25 personas murieron durante la represión (incluidos dos menores de edad), y se registraron más de 2.200 detenciones, muchas de ellas arbitrarias. Esta ofensiva fue denominada por el gobierno como “Operación Tun Tun” y estuvo orientada a silenciar voces opositoras.
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También, aseguran que existía un patrón para las desapariciones: lo primero es que las personas eran privadas ilegalmente de la libertad. Con esto, los dejaban incomunicados de forma inmediata, o se negaban u ocultaban la detención de las personas.
A esto se le suma que a los retenidos se les negaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo debido a que eran escuchados por un juez imparcial. Al conocer los cargos o las pruebas en su contra, se les acusaba de delitos graves y ambiguos como “terrorismo”, por el supuesto de ejercer algún tipo de oposición o crítica en contra del gobierno.
La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad
Aunque Venezuela no ha ratificado la Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas, sí es parte de tratados regionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que la obliga a prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
La organización recuerda que la desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos y, en contextos como el venezolano, puede constituir un crimen de lesa humanidad.
Entre los casos registrados por Amnistía Internacional se encuentran el de Roy Branker, periodista y editor venezolano del medio digital La Patilla, desaparecido tras fuertes críticas al gobierno. También, el de Yevhenii Trush, joven ucraniano neurodivergente, desaparecido en la frontera con Colombia, solo por mencionar algunos ejemplos.
Además, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación activa contra el Estado venezolano por crímenes cometidos desde 2014, incluyendo desapariciones, tortura y persecución política. En 2023 y 2024, la CPI autorizó formalmente continuar la investigación, ante la falta de garantías judiciales internas.
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