Tutelas en salud subieron 34,1 % en 2024 y podrían subir 18,6 % en 2025: Defensoría
Esa entidad presentó este miércoles un balance sobre el acceso de medicamentos y vulneración de derechos. ¿Por qué están subiendo las quejas y tutelas por entrega inoportuna de estos productos?
La Defensoría del Pueblo alertó que el 28 % de las quejas ante la Superintendencia de Salud entre 2022 y 2025 fueron por negación de medicamentos. FOTO COLPRENSA
¿Le ha pasado que va a reclamar un medicamento a la sede de su gestor farmacéutico y la persona que atiende le dice que “venga mañana” porque no lo hay o se los entregan a medias? Pues bien, si tal es su caso, cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo advierten que han sido una constante creciente desde 2020 en Colombia.
Este miércoles, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el análisis llamado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” en la que habló de las barreras y dificultades que los pacientes en el país están teniendo para acceder a sus tratamientos o medicinas de manera oportuna. Es decir, sin demoras.
En ese sentido, la funcionaria detalló con cifras la evolución que han tenido la radicación de tutelas en salud, según información de la Corte Constitucional. Desde enero de 2020 hasta agosto de 2025 se han instaurado 1’003.147 acciones de ese recurso legal. En 2020 se presentaron 81.736, en 2021 pasaron a 92.372, en 2022 el número alcanzó las 156.357, en 2023 llegaron a 197.737, en 2024 subió a 265.173 y en 2025 se tiene proyectado que alcancen a ser 314.658.
Lo anterior quiere decir que en 2024 el número de tutelas se incrementó en un 34,1 %, con respecto a 2023; así mismo, que en 2025 el porcentaje podría ser del 18,6 %, con respecto a 2024.
Marín expuso que entre 2022 y agosto de este año llegaron a la Defensoría del Pueblo 107.000 casos por reclamos en salud, los cuales han evolucionado de manera ascendente. En 2022 esa entidad recibió 19.138 quejas; en 2023, 25.846; en 2024, 34.086, y en 2025 se tiene proyectado que alcancen 42.159.
El 21 % de esos casos —es decir, cerca de 23.000— son por problemáticas que se derivan por la falta de oportunidad y negación en la entrega incompleta de medicamentos. Al respecto, la funcionaria aclaró que no todos los casos que conoce esa entidad se convierten en tutela, pues previamente se hace un estudio y se intenta solucionar por otros caminos: como el contacto directo con las entidades promotoras de salud (EPS) o con otras instituciones.
Las regiones del país que concentran el mayor número de casos por tema de medicinas son el departamento de Bolívar, con el 15,39 %; Bogotá, con el 11,24 %, y el departamento del Quindío, con el 9,70 %.
Por otra parte, la defensora Marín comentó que entre enero y agosto de 2025 la institución a su cargo apoyó la realización de 18.451 tutelas en salud, que posteriormente se presentaron ante jueces de la República. De ese número, el 50 % (9.173) se radicaron en razón a la negación de la prestación de servicios de salud; el 32 % (5.964) fueron por deficiencias e inoportuna atención médico–asistencial; mientras que en tercer lugar, con el 7 % (1.292) se ubicó la negación de la provisión y/o incremento de medicamentos esenciales.
Las quejas radicadas en la Superintendencia de Salud
En cuanto a los casos que son presentados ante la Superintendencia de Salud —doliente natural para recibir las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Pqrs) por parte de los usuarios—, Iris Marín manifestó que entre 2022 y 2025 también ascendieron.
En 2022, la cifra fue de 1.155.003 quejas; en 2023, fue de 1.308.704; en 2024, fue de 1.615.855, y en 2025, la Defensoría proyecta que estas lleguen a 2.011.277. Con corte a agosto de 2025, la Supersalud contabiliza 1.340.851 reclamos, por lo cual, si se cumple la proyección, sería “la cifra más alta de los últimos años”, como lo dijo la defensora.
En lo que va de este año, el 28 % de las quejas —es decir, 375.438— han sido por problemas en la entrega oportuna y la negación de medicamentos, lo que lo ubica como el principal motivo de reclamos.
Aumento del gasto de bolsillo
Una de las consecuencias que generan los problemas para acceder a medicamentos, tratamientos y servicios es el aumento del gasto de bolsillo. Esto es definido, en términos sencillos, como la plata que una persona saca de su bolsillo para acceder a la salud, sin pasar, en el caso del sistema de salud de Colombia, por la EPS.
Ante esto, Iris Marín comentó que “esto es muy crítico porque ha generado una distorsión y está desplazando la atención de medicamentos a través del sistema de salud (porque) esa oferta no satisfecha por el sistema está pasando al gasto de bolsillo de las personas que requieren esos medicamentos, lo cual ha terminado fortaleciendo el canal comercial y generando, además, situaciones de empobrecimiento”.
Para ejemplificar esto, la funcionaria presentó las cifras de la Encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de 2024. Esta muestra que los departamentos en donde se ha agudizado esa problemática son Guaviare, con un gasto de bolsillo en salud del 35,6 %; seguido por Arauca con 35,12 %, por Putumayo con 26,69 %, por Tolima con 25,68 % y por Huila con 25,09 %.
Al respecto, Marín advirtió que “no estamos ante una situación principalmente de escasez de medicamentos” debido a que “estamos es ante una situación de falta de disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos en el sistema de salud”.
“La persona va, hace la fila en el gestor farmaceútico y le dicen “no hay, venga mañana, le doy la mitad” o lo que sea y después tiene dos: esperar a que le resuelvan o ir a la droguería. Es decir, los medicamentos sí los hay, pero el sistema de salud no los tiene disponibles en todos los casos”.
¿Por qué está pasando esta situación?
Según expuso la defensora, el informe identificó cinco factores estructurales y coyunturales. El primero son las bajas capacidades en la prestación de servicios farmacéuticos en buena parte del país y “las irregularidades derivadas de cambios de gestores farmacéuticos, especialmente en las EPS intervenidas”.
También están las barreras administrativas y “barreras burocráticas”, que “constituyen mecanismos de exclusión que interrumpen la continuidad de tratamientos médicos”; así como la ausencia de claridad de la información financiera de las EPS, IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y gestores farmacéuticos y las falencias en la rendición de cuentas que “incrementan la desconfianza y desinformación”.
Por otra parte, señaló retrasos en los pagos de deudas corrientes y acumuladas que alteran las relaciones en la cadena de prestación y “afectan directamente la directamente la disponibilidad de medicamentos y servicios”. Finalmente, habló del desplazamiento hacia establecimientos farmacéuticos privados (canal comercial) de la venta de medicamentos, mientras que “el canal institucional se responsabiliza de medicamentos de alto costo”.
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