Las entidades promotoras de salud (EPS) volvieron a ser blanco de los ataques y justificaciones del ministerio del ramo para explicar las dificultades que tiene el sistema. Como respuesta al informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” de la Defensoría del Pueblo, esa cartera las culpó de la oportunidad en la atención, del acceso a los medicamentos y de la sostenibilidad de los hospitales en los territorios.
Con las acostumbradas consignas, un comunicado del Ministerio de Salud expresó que “durante años, la salud en Colombia fue tratada como un negocio y no como un derecho fundamental” y que “la Ley 100 de 1993 permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de $32,9 billones a hospitales y clínicas”.
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“El Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente”, agregó en la comunicación que divulgó esta semana.
Sin embargo, varios de los puntos que señaló como hechos y acciones que ha implementado para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos tienen bemoles y grises que ponen en entredicho el peso de estos argumentos.
UPC insuficiente y EPS manejadas por el Gobierno
En primer lugar, el ministerio señaló que el Gobierno “aumentó el reconocimiento de la UPC (unidad de pago por capitación, que es la plata para atención en salud que les dan a las EPS) en 33,7 % entre 2022 y 2024 garantizando el giro oportuno de los recursos”.
Ante esto, vale la pena señalar dos puntos. Primero, que en un auto de la Corte Constitucional de enero de este año reconoció que la UPC —que es calculada por el Minsalud— es insuficiente y por eso le ordenó crear una mesa técnica para recalcular esa prima con la participación de los actores del sector. Con esto, el alto tribunal le dio la razón a gremios y expertos que llevaban años advirtiendo que esos recursos estaban quedando cortos para la demanda de servicios actual.
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El incremento de la UPC para este año el ministerio la fijó en 5,36 %, tras señalar que hubo baja calidad, poca confiabilidad e inconsistencias de la información reportada por las EPS para este cálculo.
Y segundo, que una cosa es la oportunidad de los recursos y otra la suficiencia. Es decir, que se hagan los pagos de UPC cumplidamente a las EPS no tiene que ver con que esa plata les alcance para garantizar que sus afiliados puedan ir al médico. Si la plata queda corta, por más puntual que lleguen esos giros no va a alcanzar.
Además, no hay que olvidar que actualmente ocho EPS están bajo medida de intervención forzosa para administrar. Lo que quiere decir que están bajo mando del Gobienro. Se trata de Nueva EPS, Coosalud, SOS (Servicio Occidental de Salud), Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Capresoca. Todas concentran 22,8 millones de afiliados, es decir, el 43,5 % de la población total.
Giro directo, pero sin que alcance
Por otro lado, la cartera de salud expresó que “el giro directo pasó de $22,1 billones en 2023 a $48,1 billones en 2024, lo que representa un incremento del 118 %”. El giro directo es el mecanismo de pago en el cual la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) le paga a hospitales y clínicas sin pasar los recursos por las EPS con los que tienen contratos (normalmente, la plata llega primero a estas y luego la transfieren).
Sobre esto, hay que recordar que con las (ocho) EPS que están bajo intervención de la Superintendencia de Salud se está implementando el giro directo.
Si bien este es un mecanismo con el que se busca evitar demoras, este no ha solucionado, según expertos, los problemas de caja (las huecos que quedan en sus finanzas por las deudas) de las IPS. En ese sentido, el economista de la salud Jesús Botero explicó que “detrás de todo está la insuficiencia de la UPC, pues si los fondos no alcanzan no se puede girar la plata que se necesita. Es buen mecanismo, pero siempre es fundamental que sea suficiente”.
Esto repercute en la realidad financiera de los prestadores en que el problema no radica en oportunidad de los giros (que se hagan a tiempo) sino en que estos alcancen. Con una frecuencia de uso (veces que la gente va al médico) que viene en aumento después de la pandemia del covid-19, que alcanzó 214 millones en 2022, costear las atenciones requiere de un aumento que no se ha visto reflejado en los últimos ajustes (2022, 2023, 2024 y 2025) decretados por el Ministerio de Salud.
En consecuencia, la plata que les llega a las IPS para pagar por los servicios que prestan se queda corta para sostenerlos y crea un efecto dominó que termina con el cierre de aquellos que no tienen suficiente demanda (como los de neonatología) o los de urgencias (en donde por ley deben atender a cualquier persona).
Equipos básicos sin que se sepa qué se hizo con la plata
Finalmente, el Minsalud habló de una inversión de $9,3 billones para “fortalecer la Atención Primaria en Salud, con equipos básicos de salud en todos los municipios del país, infraestructura y dotación hospitalaria, transporte asistencial, CAMAD, promoción social, fortalecimiento de servicios y pago de pasivos”.
No obstante, esos recursos invertidos no cuentan con información sobre los resultados que han tenido ni los contratos que se han celebrado para implementar los equipos básicos de salud (EBS).
Según la información consignada en la página del ministerio, para esta estrategia se han incorporado $9,06 billones, de los cuales se han asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales, se ha ejecutado $1,17 billones (lo que corresponde al 14,2 %) y se han pagado $1,11 billones.
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Aún así, los beneficios y ejecución de qué se ha hecho con esos $8,21 billones está a ciegas para el país. En la página del Minsalud que muestra el componente financiero de las transferencias de esa cartera no hay información sobre los contratos y actos administrativos, los rendimientos financieros reintegrados, los soportes documentales de esos giros ni la retroalimentación y cierre.
Tampoco hay datos de seguimiento y reintegros de la plata que esa cartera ha destinado a los equipos. En esos espacios lo que aparece son las leyendas “sin datos” y “no se puede acceder a los datos”.
Lo anterior quiere decir que no se sabe al detalle cuántos equipos hay en el país (aunque el presidente Petro ha mencionado que son 10.000), a quiénes se contrató ni qué hicieron esos grupos de profesionales, pues no hay informes de gestión.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué EPS están bajo intervención del Gobierno en 2025?
- Ocho EPS: Nueva EPS, Coosalud, SOS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Capresoca. Todas están bajo administración estatal.
- ¿Por qué la Corte Constitucional pidió recalcular la UPC?
- Porque la actual no cubre los costos reales del sistema. Ordenó crear una mesa técnica para definir una fórmula más justa.
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