A tres semanas de que el Ministerio de Salud expida el decreto que fije el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC) —que es la plata que el Estado le entrega a las EPS para la atención de sus afiliados—, el titular de esa cartera dejó ver que las noticias sobre ese ajuste no son las mejores. En una de opinión, Guillermo Jaramillo insistió en que esos recursos son suficientes y que las aseguradoras no tienen controles sobre lo que hacen con estos. Sin embargo, hay elementos que lo contradicen.
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En una columna publicada en el periódico El Tiempo, el ministro Jaramillo apuntó a que las entidades promotoras de salud (EPS) y gremios del sector y económicos ejercen presión con “el sufrimiento de la gente” cuando le piden al Gobierno que suba la UPC. “El mensaje implícito es brutal: si no les dan más plata, retrasan citas, niegan servicios y dejan de entregar medicamentos”, escribió.
Esa afirmación, y el elemento central de sus argumentos, se cae de su peso por una orden judicial de la Corte Constitucional, del 23 de enero de este año. En esta la alta corte declaró la insuficiencia de la UPC de 2024 y el “incumplimiento general en relación con el componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes”. Ese auto —el 007— fue el que le ordenó al Minsalud crear la mesa de trabajo para ajustarla y aumentarla. Algo que, hasta el sol de hoy, sigue sin cumplirse.
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Por otro lado, señalarlas de retrasar citas, negar servicios y dejar de entregar medicamentos adrede es, cuando menos, desconocer las advertencias que llevan tres años haciendo expertos y académicos del sector. Si bien es cierto que hay un incremento de tutelas y quejas por esos problemas, lo cierto es que es una consecuencia: sin plata suficiente para cubrir la demanda de servicios, las EPS tienen que priorizar servicios más urgentes, lo cual hace que haya demoras en la asignación de citas con especialistas; así como problemas en la entrega de medicamentos, dado a que la falta de plata de la UPC genera deudas en hospitales y clínicas y también con los gestores farmacéuticos (encargados de entregarlos).
De hecho, fuentes que conocen el sector farmacéutico aseguran que la “orden” implícita que tienen los gestores es que si las EPS no están al día con pagos y deudas, no se despachen medicinas a los puntos. No por un saboteo, como lo ha sugerido el Gobierno, sino por una cuestión lógica: ante el incremento y acumulación de deudas, la confianza entre actores del sistema se ha quebrado.
Guillermo Jaramillo sugirió que las aseguradoras administran cerca de $90 billones al año “sin controles reales”; que son las que deciden con quién contratan y cuánto pagan y cuándo, y que esa información “es un autorreporte que las EPS envían al Ministerio y a la Supersalud”; por lo cual preguntó: “¿Cómo exigir verdad a quien maneja la plata y controla la versión oficial de lo que hizo con ella?”.
En ese sentido, insistió en que ha sido “casi imposible” saber “en qué se gastan las plata y por qué dicen que no les alcanza” y esboza como respuesta que las aseguradoras mueven e inflan “partidas a discreción que nadie externo puede auditar a fondo porque el modelo está diseñado para blindarlas”.
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Lo de la falta de “controles reales” y lo de que “nadie externo puede auditar a fondo” han sido un temas controvertidos hasta la saciedad y para comprobarlo basta mirar las funciones de la Superintendencia de Salud y de la Contraloría General de la República, las cuales tienen la responsabilidad de supervisar qué hacen las EPS con esos recursos.
Dentro de los controles que tienen las EPS tienen la obligación de enviar los estados financieros mensuales y la revisión de las condiciones de habilitación técnica y financiera a la Supersalud, la información de precios y cantidades pagadas al Ministerio de Salud y la encuesta de calidad de servicios. Incluso, la falta de cumplimiento de indicadores financieros ha sido la principal causa de intervención de esas entidades.
Entre tanto, desde 2019 se creó la Contraloría Delegada para el Sector Salud para hacerle “constante vigilancia y control a los recursos públicos invertidos en este sector”, según dice la página de ese ente de control. Y no han sido pocos los billones que ha auditado: en sus primeros tres años de funcionamiento auditaron $350 billones de los recursos públicos de la salud, según lo expone la Contraloría en un video institucional de 2022.
Continuando con sus señalamiento, el ministro recordó que en 2011 “la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) descubrió la trampa que las EPS reportaban información que mostrara menor suficiencia para justificar aumentos en la UPC” y que “Acemi (gremio de las EPS del régimen contributivo) fue sancionada por cartelización”.
Sin embargo, la resolución de la SIC que señala el ministro (puede consultarla en este enlace) fue la imposición de sanciones contra 15 aseguradoras y Acemi por haber “autorizado, ejecutado o tolerado la conducta contraria a la libre competencia” y no por lo que mencionó el jefe de la cartera de salud. Esa acusación la había sacado a relucir en diciembre de 2023 el representante a la Cámara Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), a lo cual ese gremio respondió que “pagó la multa impuesta (...) e incorporó los principios normativos sobre libre y leal competencia como criterios orientadores para la formulación de sus políticas gremiales”.
Finalmente —insistiendo en su tesis de que la UPC sí alcanza, pero que se “pierde” cuando llegan a las EPS—, Guillermo Jaramillo expresó que “la plata se pierde en un laberinto corporativo y el país queda condenado a creer lo que las EPS reportan” y que “no sorprende que, aun alegando estar al borde de la quiebra, ninguna esté dispuesta a soltar el negocio”.
Aún así, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro dos de las EPS más importantes del país (Sura y Compensar) solicitaron ante la Supersalud su retiro y desmonte del sistema de salud alegando, justamente, que era inviable continuar con su operación por la crisis financiera (causada por la insuficiencia de la UPC); no obstante, les negaron le petición y siguen funcionando. ¿Que no quieren soltar el “negocio”?
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El ministro cerró diciendo que “cumpliendo autos de la Corte” esa cartera encontró “más de 1,3 billones (de pesos) cobrados por atenciones a personas fallecidas”. Un reportaje de El Espectador reportó una serie de dudas con esa versión, las cuales radican en que hay registros de atenciones que pueden mostrar una fecha de autorización posterior a la muerte de un paciente, aunque se hayan prestado antes.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es la UPC?
- Es el valor anual que el Estado gira por cada afiliado a una EPS para financiar servicios de salud, medicamentos y gestiones administrativas.
- ¿Qué dijo la Corte sobre la UPC 2024?
- Declaró su insuficiencia y ordenó al Ministerio ajustarla para garantizar cobertura adecuada, instrucción que sigue pendiente de cumplimiento.
- ¿Existen controles sobre el manejo de recursos por parte de las EPS?
- Sí. Supersalud y Contraloría auditan, vigilan estados financieros, habilitación, precios y calidad. Incumplimientos pueden llevar a intervención.
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