La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de enviar a la Fiscalía copias para que investigue a Ricardo Roa reabrió una discusión que él mismo abrió hace un año cuando dijo que daría un paso al costado sin que nadie se lo pidiera.
En un fallo histórico sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral determinó que la campaña Petro Presidente en 2022 estuvo manchada por tres conductas irregulares: violación de topes, ocultamiento de gastos y financiación de fuentes prohibidas.
La resolución del CNE, que señala presuntas irregularidades en la financiación y administración de los recursos de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022, fue enfática en destacar el rol de Roa como gerente nacional.
Según el documento, todas las decisiones económicas —ingresos, contratos y movimientos presupuestales— pasaban por su autorización.
Incluso, en su propia versión libre, Roa afirmó haber mantenido un reporte directo y permanente a la plataforma Cuentas Claras, lo que para el organismo sancionatorio confirmaba su control absoluto sobre la contabilidad de ambas vueltas presidenciales.
La resolución también recoge la declaración del coordinador de riesgos de donaciones, quien señaló que Roa era quien daba el visto bueno final para recibir aportes. Para el CNE, esas piezas permiten establecer un nivel de responsabilidad directa en los hechos que ahora deberán ser examinados por la Fiscalía.
La pregunta inevitable es si la decisión del CNE activa la promesa que Roa hizo en abril de 2024 durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara.
En ese momento, a pocos días de cumplir su primer año al frente de Ecopetrol, el presidente de la petrolera estatal defendió su gestión. Para ese momento, el funcionario enfrentaba cuestionamientos por el manejo fiscal de la entidad, ante lo cual dijo que priorizó el ahorro y la inversión.
En medio de aquella defensa, los rumores acerca de posibles conductas indebidas en el manejo de la campaña Petro Presidente ya circulaban en los poderes del Estado. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no había abierto un proceso oficialmente. Eso pasó hasta agosto del mismo año.
Ante los rumores, Roa rechazó las acusaciones y retó a los congresistas que lo confrontaron: “Yo no puedo salir a responderle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mi hoy no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no las encuentro (...) Si ustedes las tienen, por favor muéstrenmelas”.
En ese mismo espacio, Roa reveló el compromiso que había pactado con la junta directiva: si su presencia llegaba a afectar el buen nombre, la reputación o el valor bursátil de la compañía, él mismo se apartaría del cargo “sin que nadie se (me) lo pidiera”.
Lo presentó como un acuerdo entre él y la junta directiva de la entidad, basado en transparencia y responsabilidad personal, y afirmó tener la convicción suficiente para actuar de forma coherente si la situación lo exigía.
Con el fallo del CNE, el escenario cambió. Ya no se trata de rumores o denuncias políticas, sino de una solicitud formal dirigida a la Fiscalía para que investigue su papel como gerente de campaña.
Según fuentes dentro de Ecopetrol, que hablaron con el diario Portafolio, incluso en la entidad consideran que el fallo en contra de Roa generaría una grave afectación a las actividades financieras de la petrolera.
“Se debe ir, porque si se queda va a ser muy complicado. No habla bien que un presidente de la empresa más grande del país esté involucrado en esta situación”, dijo una fuente anónima. “Hay que proteger la compañía, ya le han hecho suficiente daño y se ve con los resultados financieros”, aseguró otra.
Y es que la sanción del CNE no se limita a reconocer las irregularidades, sino que también impuso sanciones económicas a Roa: las multas ascienden a más de cinco mil millones de pesos. Además, el organismo electoral determinó que Roa deberá devolver la suma de $165.405.960 como compensación al Estado.
Por último, la presión también se vuelca sobre él judicialmente. Y es que, gracias al CNE, ahora la Fiscalía tiene una copia de la investigación en contra de Roa. Es decir que, si el ente acusador determina que el funcionario incurrió en un delito, podría haber sanciones preventivas de la libertad.
La compulsa enviada a la Fiscalía no fija conclusiones penales ni adelanta responsabilidades, sino que traslada los elementos encontrados para que el ente acusador abra o continúe indagaciones por presunta financiación prohibida, violación de topes o eventuales maniobras de presentación documental.
En la decisión, el CNE también negó las solicitudes de la defensa de Ricardo Roa, que pedía corregir lo que consideraba irregularidades procedimentales e inadmitir varios elementos probatorios.
La resolución precisó que el dictamen pericial aportado por la defensa fue descartado por no cumplir los requisitos técnicos exigidos por el Código General del Proceso.
El marco penal aplicable contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión —además de multas e inhabilidades— para quien reciba, administre o permita el ingreso de recursos prohibidos en campañas, según los artículos 396A y 396B del Código Penal.
A esto se suma el posible fraude procesal, regulado en el artículo 453, que sanciona con seis a doce años de prisión a quien induzca en error a una autoridad mediante documentos incompletos, artificios u omisiones.
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En la última actualización del caso, Roa anunció que interpuso una tutela frente a lo que decidió el CNE, asegurando que supuestamente el CNE abrió el periodo de alegatos de conclusión sin haber practicado todas las pruebas que habían sido decretadas, en especial un concepto técnico solicitado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), al que consideró determinante para analizar los informes de ingresos y gastos de la campaña en primera y segunda vuelta.
Además, a través de sus redes sociales, afirmó que con respecto a su tutela interpuesta que “siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”.
Por el momento, no ha hablado oficialmente sobre si va a renunciar o no. Sin embargo, fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que en la tarde de este viernes se reunirá con el presidente Gustavo Petro en el Palacio para discutir su futuro en el Gobierno.
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