El reclutamiento forzado de niños y niñas es un delito, no un gesto de patriotismo ni una elección libre, como lo quiso presentar el criminal “Iván Mordisco” al “rechazar” la muerte de varios menores durante el reciente bombardeo de las Fuerzas Militares a uno de sus campamentos.
Se trata de una condena impuesta a la fuerza, sin que el menor pueda defenderse ni encontrar una salida. La escena es sencilla: si permanecen en las filas, pueden morir en cualquier momento, ya sea en un intercambio de disparos o porque una bomba les cae encima, como ocurrió hace unos días. Si intentan huir, la orden es alcanzarlos y fusilarlos. Una pena de muerte sin juicio ni defensa.
Aunque el reclutamiento forzado de niños y niñas en Colombia no es nuevo, el tema volvió a ocupar la agenda nacional y obligó al presidente Gustavo Petro a revisar sus viejos apuntes cuando, siendo senador, defendía el derecho a la vida de los menores en la guerra. Hoy, sus críticos le reprochan ordenar bombardeos en zonas donde hay niños y señalan que para justificar esas operaciones el Gobierno los presenta como “combatientes”, una etiqueta que termina legitimando su sacrificio.
Las cifras son dramáticas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 162 casos de reclutamiento de menores. La entidad advirtió que el número podría ser mucho mayor, debido al subregistro y a que muchas familias, por temor a represalias, prefieren no denunciar.
“Lo que está pasando es muy grave. Nuestros niños y niñas están en medio de la guerra y sus familias, la mayoría indígenas o de zonas muy apartadas son amenazadas si denuncian, les dicen que si dicen algo regresan para llevarse al resto de sus hijos, así ninguna mamá va a querer ir ante las autoridades”, alertó Iris Marín, defensora del Pueblo.
Del total de los 162 documentados, aproximadamente el 45% corresponde a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, un indicador que evidencia la persistencia de esta problemática en territorios con presencia de grupos armados ilegales.
Los departamentos con mayor incidencia siguen siendo Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño, zonas donde la presencia de disidencias de las FARC y otras estructuras criminales ha facilitado la captación de menores.
Las cifras reflejan no solo la vulnerabilidad de los jóvenes en estas regiones, sino también los desafíos que siguen pendientes para prevenir el reclutamiento y garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia.
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Este año en el Cauca, 37 menores de edad han sido reclutados forzosamente; 20 en Antioquia; 16 Chocó; 13 Nariño; 11 Huila; 8 en Norte de Santander, por mencionar los más afectados
La Defensoría del Pueblo alerta que cada dos días al menos tres niños, niñas o adolescentes son incorporados a las filas de grupos armados ilegales.
Del total de los 162 documentados, aproximadamente el 45% corresponde a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, un indicador que evidencia la persistencia de esta problemática en territorios con presencia de grupos armados ilegales.
Lo complejo es que, pese a los esfuerzos institucionales y al rechazo unánime de la comunidad internacional, los grupos armados continúan reclutando y persistiendo en una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. Para justificarlo, presentan la incorporación de niños y niñas como un supuesto acto de “lucha por la liberación del territorio”, una narrativa perversa que busca revestir de heroísmo lo que, en realidad, es la explotación más cruel de la infancia en medio del conflicto.
El año pasado la situación era similar. En total, en 2024 se documentaron 625 menores reclutados.
“El reclutamiento forzado vulnera el presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes. En cada territorio del país, las y los menores de edad deberían crecer en paz, en entornos donde prime su seguridad y bienestar integral con oportunidades”, señala la entidad.
El patrón de uso de los menores también ha cambiado. Según la defensora Marín, las niñas dejaron de ser empleadas principalmente en labores domésticas y sometidas a violencia sexual para pasar a participar en operaciones de combate, mientras que los niños continúan siendo utilizados tanto en tareas logísticas como en enfrentamientos armados.
El Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc al mando de Iván Mordisco, es el mayor reclutador de menores de edad con el 40% del total de los casos reportados, seguido de otras disidencias y del ELN con el 14 de los reportes. “Hay historias muy dolorosas, a los niños los engañan, los utilizan, los reclutan por redes sociales, también los reclutan personas entrenadas para llevárselos y les ofrecen plata, les ofrecen estatus, y luego quedan secuestrados.
Tenemos muchos casos de niños que se han volado y los han fusilado. Hay orden por parte de los jefes de estos grupos de matar a los niños que desertan. Son muchísimos los casos”, afirmó Camilo González Posso, exnegociador de paz del Gobierno Petro.
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