No cesan las noticias relacionadas con el futuro incierto de la fabricación de los pasaportes. A pesar de que el Gobierno anunció la firma de un convenio entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal (que no se conoce completo aún), hay varios líos y presuntas irregularidades que rondan este nuevo modelo.
Este miércoles, la Procuraduría visitó las oficinas de la Imprenta Nacional y encontró “respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes (...) de parte de funcionarios de la Imprenta Nacional sobre la justificación de la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio entre Cancillería y Portugal, para fabricación y suministro de pasaportes”.
En visita realizada a la Imprenta, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, “encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo”.
El Ministerio Público explica que, por ejemplo, en la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de 1.3 billones de pesos, se dieron cuenta de que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES, como lo señala la ley. “Lo anterior, sumado a que no se presentó ante la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato”, dijo la Procuraduría en un comunicado.
La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, “no dio respuestas claras ni satisfactorias”.
Todo esto, agrega la Procuraduría “además de apuntar a la improvisación en la celebración del acuerdo, pone en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”.
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