Los bombardeos a las narcolanchas en altamar por parte de la Fuerza Naval de Estados Unidos, y los ejecutados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a los campamentos de las disidencias de las Farc en nuestro país, están en el centro de un debate nacional.
El presidente Gustavo Petro desató la controversia con sus trinos esta semana, pues en uno de los mensajes, como este, cuestionó las acciones del Departamento de Guerra de EE. UU.: “Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”.
Y como este, en el que se jactó de realizar también bombardeos, incluso con cooperación estadounidense, en suelo colombiano: “Van 12 bombardeos ordenados por mí y exclusivamente por mí, guardando al máximo el respeto de derechos humanos. Se usa inteligencia norteamericana pero bajo la condición de DD. HH. que yo mismo adopto”.
Según el jefe de Estado, “la acción se da sobre ejércitos privados del narcotráfico, reincidentes en sus acciones mafiosas. Se han dado en Guaviare y Arauca. Desbarato ejércitos narcotraficantes que quieran entrar a Venezuela a desestabilizar aún más esa sociedad. Venezuela no necesita más armas, sino diálogo. En Colombia están notificados los ejércitos de las mafias y sus políticos”.
Lo ocurrido ha provocado confusiones en la opinión pública: ¿por qué el Presidente condena unos ataques, pero valida otros, si ambos son contra diferentes eslabones de la misma cadena del narcotráfico?
Fuentes de las Fuerzas Militares, que hablaron bajo la condición de reserva de identidad, comentaron que este año se han ejecutado ocho bombardeos, cinco contra el Clan del Golfo y tres contra las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco”.
“Esas Operaciones Beta (bombardeos) están respaldadas por el Derecho Internacional Humanitario, porque se aplican contra Grupos Armados Organizados que legalmente están reconocidos como actores del conflicto interno, no se trata de bandas o de civiles contratados por delincuentes”, explicaron.
Las justificaciones de Estados Unidos
En el caso de las narcolanchas, la Casa Blanca envió al Congreso estadounidense un documento hace dos meses, señalando que su país estaba “en conflicto” contra el narcotráfico. La idea era darle una base legal al uso de la fuerza letal en esas rutas de narcotráfico.
Así lo ratificó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una conversación con la prensa esta semana. “Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Donald Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país”.
Desde septiembre, la Fuerza Naval estadounidense y la Guardia Costera han eliminado 20 embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe (19 lanchas y un semisumergible), con un número aproximado de 76 tripulantes muertos.
De esas embarcaciones, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha mencionado hasta ahora a tres organizaciones como responsables de algunos de esos despachos: el ELN, el Tren de Aragua y el cartel de los Soles, a las cuales ha catalogado como las “Al Qaeda del hemisferio occidental”.
Las tres están en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo cual, según las normas internas de este país, autoriza operaciones bélicas contra ellas.
Aún así, el presidente Petro considera que los gringos están usando una fuerza desproporcionada contra los tripulantes, a los cuales se ha referido en varios escenarios como “jóvenes pescadores”.
Por eso dio la orden “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública de suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.
Luego matizó la decisión, indicando que seguía la cooperación de información, siempre y cuando EE. UU. garantizara que no la usaría para destruir narcolanchas con sus ocupantes.
La controversia por los menores de edad y los bombardeos
Al debate de los bombardeos le pareció otra arista esta semana, con ocasión de un ataque aéreo que mató a 19 disidentes de las Farc en Guaviare, y otro que aniquiló a un número todavía no determinado en Arauca, dado que las tropas no han consolidado el terreno.
En una rueda de prensa, al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, le preguntaron si había menores de edad entre las víctimas.
“En ninguno de estos ataques se han afectado personas o bienes protegidas por el DIH. Si en un hipotético caso, que es Medicina Legal la que determina sexo y edad de los combatientes ilegales en armas, en función continua de combate que murieron allá, resulta ser alguno menor de edad, aquí la responsabilidad es de los grupos criminales por el delito de reclutamiento de menores”.
Y añadió: “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna, recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Recordemos el caso de Sierra Leona, donde hubo generales menores de edad que fueron asesinos, y fueron condenados por esos hechos”.
Su declaración levantó polvareda en las huestes políticas del petrismo, pues ese movimiento usó como una de sus banderas de campaña el rechazo a los bombardeos ordenados por el gobierno de Iván Duque, en los que perdieron la vida algunos adolescentes.
De hecho, esa fue la razón por la que Petro suspendió los bombardeos recién llegado al Palacio de Nariño, en agosto de 2022; pero 2024 el incremento de la violencia lo obligó a retomar esa estrategia.
El propio Petro tuvo que referirse a la situación, tras el debate suscitado en las redes sociales, durante un discurso en la Escuela de Policía General Santander, este jueves.
“Si la inteligencia falla, puede caer (el bombardeo) sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume, no lo asume ningún oficial de ningún nivel. Soy yo el que toma la decisión”.
Lo dicho contradijo un mensaje suyo, publicado el 21 de agosto de 2020 contra el gobierno de su antecesor Duque. “Si el alto mando militar y político del país que tomó la decisión del bombardeo en Caquetá sabía de la presencia de menores de edad allí, estamos ante un crimen de guerra”, trinó en ese momento.
Y en 2023, ya siendo presidente, y ante las constantes críticas al ministro de Defensa de entonces, Iván Velásquez, publicó: “Quieren ministros de defensa que dejen de fusilar jóvenes, bombardeen niños y dejen pasar cocaína”.
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