La orden del presidente Gustavo Petro al ministro de las TIC, Julián Molina, de abrir la licitación del Canal 1, pese a que la concesión actual está vigente hasta 2037, generó inmediatas reacciones de rechazo por parte de periodistas, empresarios y directivos del canal, quienes consideran que se trata de un acto arbitrario sin sustento legal.
La decisión, anunciada en pleno consejo de ministros el viernes en la noche, fue calificada como una amenaza de “expropiación” y un ataque directo a la libertad de prensa, al pluralismo informativo y a la independencia de un medio que reúne contenidos de diversos actores regionales y nacionales.
Para Avendaño, el camino para responder a esa “persecución sin sentido” es claro: los medios deben levantar la voz para defender la libertad de expresión de todos los colombianos. “Este es un atentado contra los derechos humanos. Lastimosamente, hemos buscado infructuosamente, en muchas oportunidades al presidente Petro sin que nos haya atendido. No sabemos qué es lo que está buscando”, dijo.
El jefe de Estado, al señalar que su gobierno debe ser “constructor de comunicación social”, sugirió que “ahí (en el canal) hay irregularidades”, aunque no detalló en qué consistirían. Desde mayo pasado, el Ministerio de las TIC investiga presuntos incumplimientos relacionados con modificaciones en la composición accionaria de Plural Comunicaciones sin autorización previa. Según el MinTIC, los cambios accionarios a finales de 2022 no fueron reportados en el Registro Único de Operadores (RUO). Plural Comunicaciones ha rechazado esos señalamientos y sostiene que no existe incumplimiento contractual.
Avendaño asegura que las acusaciones son un intento de “expropiación” y recuerda que la propia Superintendencia de Sociedades concluyó que la venta de acciones no requiere su aval y que los cambios realizados no configuran una situación de subordinación ni implican cesión de la concesión. “Hemos cumplido con todos los requisitos de ley para estar al aire y se equivocan atacando un medio cuya bandera ha sido siempre la libertad, la independencia, la pluralidad informativa de forma transparente, rigurosa, sin sesgos, que le da voz a diferentes corrientes de pensamiento del país”, dijo.
La controversia tiene otros antecedentes. En octubre de 2024, Petro cuestionó un acuerdo entre Canal 1 y el Grupo Prisa para comercialización e intercambio de contenidos, señalándolo como una posible amenaza laboral y de concentración mediática. Plural Comunicaciones respondió que se trataba de un convenio permitido en el marco de la concesión y que no implicaba cesión alguna.
“Frente al matoneo jurídico que estamos recibiendo tendremos que defendernos. Estamos sorprendidos de que el asunto sea tan enfocado directamente con el canal”, dijo Avendaño, cuestionando este y otros ataques desde el gobierno a los medios de comunicación “en un momento tan complejo como el que está viviendo el país”.
Avendaño insistió en que la concesión se ha cumplido a cabalidad, con una audiencia mensual de 13 millones de personas, más de 15 millones de seguidores en redes y una parrilla informativa reconocida con premios nacionales. “Aprovecho para decirle al presidente que venga y nos visite al Canal 1, que conozca a nuestros periodistas, que conozca a nuestros productores, que conozca lo que hacemos en un medio absolutamente independiente, libre, que no está atado a ninguna agenda política editorial otra que defender y representar los intereses de la gente”.
La instrucción presidencial provocó también fuertes reacciones en el sector. El periodista Luis Carlos Vélez, por ejemplo, calificó la decisión como un “ataque contra la libertad de expresión y la empresa privada”, mientras que Jaime Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que se trata de “un atentado directo contra la democracia”, al desconocer derechos adquiridos protegidos por la Constitución.
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El abogado y periodista Melquisedec Torres fue aún más tajante: “Muy grave. La concesión del Canal 1 está firmada hasta 2037. Pero el presidente ordenó, sin razón legal, que se abra una nueva licitación para tumbarla y entregarla a quienes él diga”.
No es para menos. Unos 19 millones de colombianos ven televisión abierta, que llega a un 95 % de los hogares de forma gratuita como servicio público de gestión privada. De concretarse los ataques del presidente, los televidentes pierden acceso gratuito a información y entretenimiento, información curada. “Hace que se intimiden más medios sobre la posibilidad de ejercer su labor simplemente por una decisión que, además, creemos que proviene no de los intereses específicos del presidente de la República, sino de algunos grupos de interés que nos han manifestado en el pasado públicamente que se quieren quedar con el medio. Nos sorprende mucho que el camino sea tratar de convencer al presidente de la República”, explicó Avendaño, haciendo referencia a los líderes de Tercer Canal y Programar Televisión.
El MinTIC deberá decidir si inicia un proceso de licitación que, de concretarse, abriría un inédito pulso jurídico y político sobre el futuro del Canal 1 y la relación del Estado con los medios de comunicación en Colombia.
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