En Tunja los andenes se convirtieron en el sitio de descanso donde decenas de pacientes —muchos de ellos de la tercera edad— esperan una respuesta distinta a “no hay sistema” para poder reclamar sus medicamentos; en Medellín, algunos andenes cerca a los dispensarios están casi vacíos, pero porque la mayoría ya se rindió y decidieron comprar lo que necesitaban por su cuenta; en Ibagué, no hay filas de espera, sino tumultos de gente protestando: “nos engañan, no nos responden”. Tienen todo tipo de enfermedades, como las más graves: diabetes, hipertensión y varios tipos de cáncer.
Estas tres escenas son apenas un abrebocas de la verdadera crisis que están sufriendo los pacientes de Nueva EPS, una entidad que —a pesar de que lleva casi dos años intervenida por el Gobierno Petro— no ha podido saldar sus deudas, no ha dado abasto para la atención digna de sus usuarios y, además, ha quedado envuelta en cuestionamientos sobre el manejo de recursos de la salud. La herida lleva abierta tanto tiempo que parece que la situación está a punto de ser insostenible. Este es el panorama.
Protestas a nivel nacional
Este viernes estuvo marcado por protestas en varias ciudades del país. En Ibagué, por ejemplo, los usuarios de Nueva EPS se congregaron frente a las instalaciones de la entidad, ubicadas en la Calle 30 con Carrera 5, en el edificio M30 para protestar. Allí, según testimonios recogidos por el diario local Alerta Tolima, los usuarios llevan cuatro meses sin recibir sus medicamentos.
“El señor Ministro de Salud se pasea por la televisión diciendo que las EPS están en cuidados intensivos, pero no se da cuenta de que los que estamos en cuidados intensivos somos nosotros, los pacientes. Algunos se están muriendo por la falta de medicamentos, y otros tenemos que elegir entre comer o comprar los medicamentos, que son muy costosos”, le dijo un ciudadano al diario.
En Cali, más de un centenar de madres de pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas y cáncer se pararon frente a la sede de Nueva EPS en la ciudad exigiendo respuestas, se hacen llamar “el grupo 05 de mayo”. En conversación con Caracol Radio, Leidy Franco, representante de las madres, aseguró: “nos están dejando morir nuestros pacientes por el no pago a las diferentes EPS que prestan los servicios”.
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En Bucaramanga decenas de pacientes diabéticas y trasplantadas con tratamiento de alto costo bloquearon el edificio de Nueva EPS. En sus pancartas se leía: “la vida es un derecho”. Sus pedidos aún no han sido respondidos por el Gobierno Nacional, sin embargo, sí han generado indignación en la esfera política. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, ha seguido de cerca el caso.
Según la congresista, tras recibir varias respuestas a derechos de petición, evidenció que la deuda de Nueva EPS incrementó de 18.31 billones en 2024 a 26.3 billones con corte a diciembre de 2025. Todo bajo la interventoría del Gobierno. “La intervención no era para mejorar? Y La gente pagando los platos rotos”, aseguró.
Por otro lado, Liliana Ospina, exsecretaria de Salud de Ibagué, respaldó las protestas de los ciudadanos del municipio: “Es indignante la situación que están viviendo los usuarios. Hay personas rogando por medicamentos esenciales para enfermedades crónicas (...) Necesitamos soluciones reales, no comunicados, acá estaremos”, explicó, añadiendo que, pese a que sabe que Nueva EPS habilitó canales virtuales para pedir medicamentos, no se ha tenido en cuenta que la mayoría de usuarios son de la tercera edad y no saben cómo manejar sistemas tan complejos.
También este viernes, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a Nueva EPS que activara un “plan de choque” para los pacientes más críticos, como los que padecen VIH y enfermedades huérfanas Además, pidió efectuar un plan de contingencia que de verdad permita que los ciudadanos tengan un servicio de salud digno, recalcando que se trata de un derecho fundamental. Mientras tanto, la gente sigue haciendo fila, las órdenes se siguen venciendo y familias siguen sacando de sus bolsillos para comprar medicamentos que el sistema debía proveerles.
¿El Gobierno se hizo cargo?
Tanto para los usuarios como para congresistas la mayor pregunta es “¿qué pasó con la intervención del Gobierno”. Y es que, en abril de 2024, el presidente Gustavo Petro ordenó que Nueva EPS fuera intervenida bajo el argumento de que había que “recuperar la institución” de los problemas con deudas a proveedores, clínicas (IPS) y la atención deficiente a los pacientes.
Sin embargo, en abril de 2025 —casi exactamente un año después de la intervención—, se conoció que entre junio y diciembre de 2024 la deuda de la Nueva EPS aumentó en casi un billón de pesos; además, las quejas de los pacientes pasaron de ser cerca de 29.000 durante todo el 2024 a ser 81.000, solamente entre enero y febrero del año pasado. Adicionalmente, un informe de Seguimiento de Cartera Hospitalaria realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas aseguró que, con corte a diciembre de 2024, Nueva EPS era la entidad con la deuda más alta.
A pesar de las cifras desalentadoras, en abril de 2025 la Superintendencia Nacional anunció que la EPS sería intervenida por otro año más. De hecho, para septiembre de 2025, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la grave situación financiera y administrativa de la entidad “no es consecuencia de la intervención de la Superintendencia ni del Gobierno”, aumentando aún más el desconcierto.
Aún faltan tres meses para que se cumpla otro año de intervención, y pese a que no hay reportes certeros, las calles y las redes sociales se llenaron de testimonios sobre pacientes a los que la desesperación, el dolor y la preocupación les está comiendo la vida.
EL COLOMBIANO ha seguido de cerca la situación. Para noviembre de 2025 ya había largas filas. En ellas, los reporteros de este diario se encontraron con Hernando Quinchía, quien durante semanas escuchó repetidamente la frase de “no hay”. Los medicamentos que necesitaba eran para aliviar los problemas que tenía con la tiroides, la presión y la artrosis. “Con 80 años uno se tiene que mantener enfermo”, aseguró, no sin antes contar que había gastado más de $200.000 en reponer los medicamentos que el sistema de salud colombiano le seguía negando.
Allí también estaba Rosa Mercado. Su hijo fue diagnosticado con epilepsis desde los cinco años, pero llevaba meses comprando sus propios medicamentos. “Desde el año pasado me quedaron debiendo varias fórmulas. Este año igual. De seis que mandan, entregan dos o tres. La última vez, solo una”, contó.
El colapso de Nueva EPS
Mercado, al igual que los demás pacientes de Nueva EPS, solía reclamar sus medicamentos en Colsubsidio. Sin embargo, poco más de un mes después de que EL COLOMBIANO hablara con los pacientes, Colsubsidio recordó que desde enero de 2026 dejaría de prestarle aquel servicio a los usuarios. La razón sería que, en medio de la intervención del Gobierno, se tomó la decisión de cambiar la entidad que realizaría la dispensación.
Según lo que anunciaron, las empresas que prestarían el servicio a más de 335.000 antioqueños serían Medic y Tododrogas. La realidad, sin embargo, es que en Medellín hay solo un punto de Medic, y desde entes de control se evidenciaron fallas en el nuevo modelo.
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Hay dos principales. Primero, el Gobierno no realizó un plan de contingencia eficaz para seguir cumpliendo con el servicio (generando grandes filas, descontento y sistemas caídos); la segunda es que, según la Defensoría del Pueblo, no hubo claridad con los pacientes: muchos ni siquiera sabían que Colsubsidio dejaría de atenderlos, otros no sabían qué alternativa tenían. Como consecuencia, la primera quincena del 2026 se ha convertido en un calvario para cientos de pacientes.
EL COLOMBIANO acudió al único punto de Medic en Medellín, encontrando que no había fila, pero porque los pacientes, según sus testimonios, ya se habían rendido.
Esto contó Sandra Zapata, familiar de una mujer de 77 años que necesita medicina psiquiátrica y pañales: “Lo único que hago es cargar fórmulas vencidas y vea, tengo esta que se me vence el 13 de enero. Pero como no hay medicamentos, demás que también se me vence porque la respuesta es que no hay nada”. Y es que aquella no sería su primera visita al punto, pero tal y como ocurría en noviembre, la respuesta que encontró, de nuevo, fue “no hay”.
“Como no hay nada, es a nosotros los familiares los que nos toca comprar particularmente la medicina. Aunque la tía debe tomar la quetiapina de 300 miligramos, nos está tocando comprarle la de 100 miligramos, porque es lo único que medio podemos pagar. Además, en pañales nos toca pagar casi $400.000 mensuales. Y la risperidona no se la podemos dar porque una sola inyección vale casi $1 millón”, explicó.
En el sitio también estaba Dalmiro Gómez, quien le aseguró a este diario: “Hoy vinieron en un día ‘tranquilo’, cuando se riega el rumor de que hay drogas para entregar, las filas son de cuadras”.
Sus testimonios son dos en medio de un río. En redes sociales se hizo viral el numeral “#MuerenPacientes”, donde cientos de usuarios de Nueva EPS compartieron sus testimonios y varios ciudadanos visibilizaron casos que reportaron los noticieros.
En Tunja, la situación se refleja en largas filas frente a farmacias desde la madrugada, con pacientes y familiares soportando el frío y la espera sin certeza de recibir los tratamientos formulados: “No hay sistema”, les dicen.
Uno de los casos más delicados es el de Víctor Delgado, paciente trasplantado de riñón que lleva tres meses sin recibir los medicamentos inmunosupresores necesarios para evitar el rechazo del órgano.
Delgado le relató a Noticias RCN que, tras años de tratamiento renal y luego de recibir el trasplante, hoy teme perderlo por la falta de fármacos. “Si no consumo ese medicamento, puede haber rechazo y perder el trasplante”, expresó, tras regresar a casa sin atención luego de que el sistema de dispensación volviera a fallar.
En ese medio también reportaron el caso de Jazmín Guerrero, madre de una joven de 23 años que, desde pequeña, fue diagnosticada con epilepsia. Sin embargo, lleva dos meses sin recibir el medicamento que ayuda a parar y tratar sus convulsiones.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró que todos los actores del sistema de salud —EPS, IPS, hospitales públicos, gestores y operadores farmacéuticos— tienen la obligación de garantizar redes de atención suficientes, bajo los principios de universalidad y disponibilidad. Además, pidió la actuación inmediata de Supersalud.
Pero el silencio institucional llevó a que los pacientes tomaran cartas en el asunto. Y es que, pesar de la gravedad de la situación, al cierre de esta edición ni el ministro Jaramillo, ni el interventor Luis Oscar Galves se han pronunciado al respecto.
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