Este martes se conoció que entre 2022 y 2025 ha habido varias solicitudes de crédito y un contrato de arrendamiento que involucraron a empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer, hermanos de la primera dama, Verónica Alcocer, con el Banco Agrario, administrado por el Gobierno. Según Blu Radio, estas operaciones involucraron montos superiores a los $8.000 millones de pesos y se desarrollaron bajo la administración de Hernando Chica Zuccardi, nombrado por el presidente Gustavo Petro.
Chica Zuccardi ha trabajado con el mandatario desde que fue alcalde de Bogotá hace más de 10 años, pero también tiene cercanía con Verónica Alcocer: ambos son de Sincelejo y comparten conexiones familiares con políticos del Cesar. De acuerdo con Blu, la primera dama promovió su llegada al banco desde septiembre de 2022 y allí aterrizaron los intereses de la familia Alcocer.
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A los pocos meses, la influencia de los cercanos a Alcocer empezó con un negocio inmobiliario planificado para ejecutarse mediante dos créditos.
De acuerdo a un correo del 23 de noviembre de 2022 en el que Andrés Niño Castrillón, entonces jefe de alianzas estratégicas de banca agropecuaria, describe a su equipo un proyecto que incluía a PRAGA Servicios Inmobiliarios S.A. y a FEMA Reforestaciones S.A.S. La propuesta se sustentaba en dos préstamos: uno por 4.236 millones y otro por 3.767 millones. Para ese momento, María Teresa Alcocer tenía el 89,8% de PRAGA y el 25% de FEMA; su esposo, Carlos Gutiérrez, otro 25%.
El esquema operativo contemplaba que los arriendos derivados del proyecto ingresaran directamente al banco para garantizar los pagos. Aunque la aprobación de créditos no constituye un delito, el caso planteó interrogantes sobre el uso de la banca pública para respaldar negocios inmobiliarios en Bogotá vinculados a familiares del Presidente, mientras la entidad mantiene una misión centrada en el fomento agropecuario. Las solicitudes no han sido aprobadas y permanecen detenidas en la “dirección comercial zonal”.
A este primer proyecto se sumó, en marzo de 2023, otro correo enviado al área de estructuración de créditos. En él se gestionaba la viabilidad técnica y financiera para un préstamo de 5.000 millones de pesos destinado a AFORESTAR SAS, FEMA Reforestaciones SAS y Nelson Eduardo Silva, con un plazo de 72 meses y participación de Finagro. FEMA, explica la investigación, pertenece en partes iguales a María Teresa Alcocer y a su esposo y controla el 90% de AFORESTAR.
Contrato de una sucursal
Los documentos citados por Blu Radio muestran que el área comercial del banco pidió a Sarlaft evaluar el riesgo reputacional de los créditos asociados a PRAGA y FEMA. Funcionarios de la entidad revisaron antecedentes, capital social y composición accionaria de las compañías. En su informe, uno de ellos incluyó enlaces a reportes periodísticos sobre María Teresa Alcocer y Carlos Gutiérrez: una columna de Daniel Coronell en Semana sobre el proyecto La Conejera; referencias en los Panamá Papers; y una investigación del portal Armando.info que vincula a Gutiérrez con Alex Saab.
El reporte pidió explícitamente la matriz de riesgo reputacional y dejó constancia de la recomendación de no emitir un concepto comercial favorable. Otros informes internos coincidieron y catalogaron el riesgo como “alto”. La investigación contextualizó que las operaciones involucraban a Personas Expuestas Políticamente (PEPs), categoría que exige controles reforzados en el sistema financiero debido a su exposición a corrupción y lavado de activos, según estándares como los de LexisNexis Risk Solutions.
Además de estos créditos pendientes, el sistema interno Cobis registró un préstamo ya desembolsado por 898 millones de pesos a ALIADOS Financieros y de Servicios SAS ZOMAC. El acta de asamblea de 2023 mostró que el 100% de las acciones de esta compañía corresponde a FEMA, propiedad de María Teresa Alcocer y su esposo.
El interés de las empresas de la familia Alcocer con el Banco Agrario también incluyó un contrato de arrendamiento. La sucursal ubicada en la calle 100 con carrera 17 en Bogotá fue trasladada en marzo de 2025 a la calle 100 con carrera 49. El banco firmó un acuerdo por diez años y 3.669 millones de pesos con CENTUM BUSINESS SAS, administrado por INALCA Colombia SAS. El canon mensual es de 30 millones.
Según registros recientes de Cámara y Comercio, Juan Carlos Alcocer preside CENTUM y PRAGA tiene participación mayoritaria en esa compañía. PRAGA, a su vez, pertenece en un 95% a María Teresa Alcocer. De este modo, la sucursal terminó instalada en el mismo edificio que hacía parte del negocio inmobiliario estructurado para los créditos de 8.000 millones.
Sin duda, todo lo anterior podría constituir una irregularidad si se tiene en cuenta de la cercanía de Chica Zuccardi con los Alcocer. Todos, se estarían beneficios con privilegios por ser cercanos al gobierno de turno. Cabe también una pregunta: ¿el presidente Gustavo Petro estaba al tanto de todo esto?
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