Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, en el proceso por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Le puede interesar: Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en caso UNGRD.
Durante la diligencia, la Fiscalía aseguró que los exministros no solo participaron, sino que dirigieron y promovieron una organización criminal diseñada para comprar apoyo político en el Congreso.
Según el ente acusador, ambos exfuncionarios habrían encabezado una estructura que operaba con una división de tareas previamente acordada. Cada integrante cumplía un rol “específico e indispensable” para lograr el objetivo de entregar contratos financiados con recursos públicos a congresistas a cambio de respaldo a los proyectos del Gobierno Nacional.
La Fiscalía señaló que Velasco y Bonilla eran quienes lideraban esa operación. A ellos, dijo, les correspondía impartir órdenes, coordinar reuniones y supervisar las gestiones necesarias dentro del INVIAS y de la propia UNGRD para concretar los acuerdos ilícitos.
En la audiencia, la fiscal del caso explicó que los exministros definieron las bases del modus operandi, que consistía en garantizar apoyos parlamentarios mediante la entrega de contratos. A cambio, los congresistas comprometían su voto, su presencia en el quórum o su participación en debates clave, especialmente en iniciativas relacionadas con el endeudamiento de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Por la presunta comisión de esos delitos, el ente acusador pedirá que sean enviados a prisión mientras avanza el proceso en su contra.
Durante la imputación, la Fiscalía se refirió a cuatro proyectos radicados en el Invías por más de $571.000 millones y cinco proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones que hicieron parte del esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos, quórum y apoyo en debates clave. Siete de estos contratos habrían sido asignados directamente para “comprar” el trámite de las reformas sociales.
El ente investigador señaló que Velasco ordenó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistir al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023 y ofrecer contratos a congresistas para ampliar las mayorías.
Ese día, López, según la Fiscalía, se reunió con la senadora Marta Peralta, quien coordinaba la estrategia del Gobierno, y acordó gestionar proyectos dentro de la UNGRD para beneficiar a congresistas. La Fiscalía afirmó que Peralta también pidió direccionar contratos hacia varios congresistas de la coalición que reclamaban mayor participación.
De estas instrucciones surgieron cuatro proyectos por más de $12.395 millones en Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira.
La imputación también señala que, desde el Ministerio de Hacienda, se activó otro componente de la red. En septiembre de 2023, la asesora Andrea Ramírez explicó a su reemplazo, María Alejandra Benavides, que para mantener la gobernabilidad era necesario direccionar proyectos a los congresistas.
Ramírez, sostuvo la Fiscalía, entregó a Benavides un archivo en Excel con 71 proyectos del Invías, que serían asignados como “cupos indicativos”, supuestamente con la autorización directa del ministro Ricardo Bonilla, a cambio de apoyo legislativo.
Uno de los hechos más significativos revelados en la imputación ocurrió el 18 de septiembre de 2023. Ese día, por orden de Velasco y Bonilla, la asesora Benavides se reunió en el Ministerio de Hacienda con el senador Julio Elías Chagüí Flores, de la Comisión Primera.
Según la Fiscalía, Chagüí dijo representar a nueve congresistas de su comisión. Indicó que estaban pendientes 15 cupos indicativos en Invías y la UNGRD para asegurar la gobernabilidad, que tres de esos cupos estaban en Invías y que los demás los gestionaba directamente con Velasco.
Tras la reunión, Benavides informó a Bonilla, quien, según la Fiscalía, autorizó avanzar con la recepción y gestión de los proyectos acordados. La Fiscalía subrayó que, pocas semanas después, se movieron trámites clave en el Invías.
El 22 de noviembre de 2023 se suscribió la orden presupuestal para el municipio de Los Córdobas (Córdoba), con una adición publicada en SECOP por $4.005 millones, en línea con los compromisos políticos atribuidos al senador Chagüí.
Otro episodio expuesto por la Fiscalía ocurrió en junio de 2023, cuando, según el ente acusador, Luis Fernando Velasco le ordenó a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, apoyar la aprobación de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado.
Para cumplir esa instrucción, López debía asistir a uno de los debates y ofrecer contratos a parlamentarios con el fin de ampliar las mayorías del Gobierno. También debía ponerse a disposición de la senadora Marta Peralta, quien lideraba la estrategia para garantizar el “sí” a la reforma.
El 13 de junio de 2023, López asistió al debate y acordó con Peralta gestionar proyectos dentro de la UNGRD que beneficiaran a congresistas de esa comisión.
La fiscal enumeró cuatro proyectos que habrían sido tramitados como parte de ese plan:
Puerto Concordia (Meta) Obras para controlar la erosión del río Ariari. Valor: $5.458 millones.
Aguazul (Casanare) Intervenciones por las afectaciones del río Únete.
Mistrató (Risaralda) Obras para mitigar riesgo hídrico en la quebrada Rayanal. Valor: $4.811 millones.
La Guajira Horas de maquinaria amarilla para mantenimiento de jagüeyes. Valor: $2.125 millones, adjudicado a Isaac Francisco Riscala.
En total, estos cuatro proyectos suman $12.395 millones, según la imputación.
Según la imputación, Olmedo López coordinó con Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, la revisión y contratación de estos proyectos conforme a lo acordado entre los exministros y algunos miembros de la Comisión Séptima.
La Fiscalía también señaló que, en septiembre de 2023, se estructuró un mecanismo desde el Ministerio de Hacienda para seguir gestionando proyectos a favor de congresistas.<
En el expediente de la UNGRD, el nombre de Velasco aparece repetidamente en testimonios, chats y registros que fueron incorporados a la investigación. En el caso de Ricardo Bonilla, la Fiscalía sostuvo que la imputación se deriva de las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, entre otros testimonios.
Siga leyendo: Procuraduría abre indagación contra Ricardo Bonilla, Luis F. Velasco, Carlos González y Camilo Romero por caso UNGRD
“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que, en virtud de una negociación de principio de oportunidad, tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. Ese principio de oportunidad se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez de control de garantías correspondiente decida sobre su legalidad y lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, señaló la entidad en el caso del exministro de Hacienda.
Además de Velasco y Bonilla, los otros altos funcionarios de la Casa de Nariño en líos con la Justicia por este escándalo de corrupción son el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Regístrate al newsletter