El Ministerio del Interior presentó un borrador de decreto que obliga a las entidades a contratar sus impresos con la Imprenta Nacional, salvo contadas excepciones. La medida se conoce en medio de la polémica por los pasaportes y la transición hacia un modelo estatal con apoyo de Portugal.
Justo en momentos en los que el gobierno de Gustavo Petro busca que la prestación del servicio de elaboración y expedición de pasaportes quede en manos de la Imprenta Nacional de la mano de Portugal, este viernes se conoció un borrador de decreto con el que el Ejecutivo busca reglamentar la contratación entre las diversas entidades con la Imprenta.
¿El objetivo? La idea, según el documento, es que los diversos organismos del Estado acudan a la entidad para desarrollar sus tareas de producción, personalización, distribución, impresión, edición, divulgación y comercialización de documentos oficiales, a lo que se suman normas, publicaciones y demás necesidades de comunicación gráfica. Todo ello, “en su calidad de garante de la seguridad jurídica”.
No es un asunto de discrecionalidad. El decreto hace que sea obligatorio que las diversas entidades contraten sus publicaciones e impresos con la Imprenta Nacional atendiendo plazos y requerimientos técnicos específicos.
Eso sí, se abre una gabela: en caso de que la Imprenta no pueda atender los requerimientos del solicitante o haya cotizaciones de un tercero con mejores condiciones de precios o plazos, la entidad permitirá contratar el trabajo con terceros. También están autorizadas para contratar con terceros si la Imprenta no responde su petición en el término de 10 días hábiles.
De hecho, en medio de la controversia por el tema de pasaportes, en junio de 2024 el periodista Melquisedec Torres denunció que la propia Imprenta no tenía capacidad de imprimir unos diplomas que entregaría a la Policía Nacional. Por ello, la institución tuvo que abrir una invitación pública para que un tercero privado imprimiera esos diplomas por $381 millones. Es decir, $108 millones menos frente a lo que había cotizado la Imprenta, cuyo valor era de $489 millones.
Además de documentos públicos e incluso carnets, el decreto establece que se deberá acudir a la Imprenta para documentos de identificación de extranjeros y documentos de viaje, entre ellos, por supuesto, el pasaporte y las cédulas de extranjería.
El decreto, emitido por el Ministerio del Interior y que está sujeto a comentarios, le apuesta a robustecer y garantizar el cumplimiento del mandato legal de la Imprenta, fortaleciendo además la soberanía y protección documental y de la data del Estado, así como la seguridad digital y preservar la seguridad jurídica en la producción de documentos oficiales.
“Esta norma busca promover la colaboración armónica entre entidades públicas, mediante el aprovechamiento de las capacidades técnicas y operativas de la Imprenta Nacional de Colombia, en el marco de las políticas de transformación digital, gobierno abierto, protección de datos y modernización del aparato estatal”, señala el documento.
En esa línea, se precisa que tanto los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y demás entidades, incluidos organismos de la Rama Judicial, deberán realizar los respectivos convenios y contratos con la Imprenta Nacional, mientras que desde el Gobierno Nacional se apoyará el fortalecimiento de capacidades de la entidad.
El decreto se conoce en momentos en los que persiste la incertidumbre frente a la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos a partir del 1° de septiembre. Ese día concluye el contrato entre el Gobierno y una unión temporal –en la que tiene participación la célebre firma Thomas Greg & Sons–, que permitió darle continuidad a la fabricación de los documentos en 2024.
Si bien la saliente canciller Laura Sarabia trabajó en un acuerdo para extender por 11 meses más el contrato con Thomas Greg, el presidente Gustavo Petro le encomendó a su nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade, avanzar en la estructuración de un convenio con el Gobierno de Portugal para que, de la mano de la Imprenta Nacional, sea el Estado el que paulatinamente asuma la elaboración de los documentos. No obstante, Sarabia calcula que el proceso demanda al menos nueve meses.
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