Contenido de computadores incautados y testimonios de miembros del grupo armado ilegal dejan al descubierto lo que sería la más grave infiltración de las disidencias de las FARC en el gobierno Petro. ¿Qué ha hecho la Fiscalía?
Hace más de un año está en poder de la Fiscalía General de la Nación pruebas técnicas altamente confiables que ponen al descubierto un nexo entre las disidencias de las FARC de alias ‘Calarcá’ y el general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército; así como Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Sin embargo, el ente de investigación del Estado no ha hecho hasta ahora nada con esa información.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol se dio a la tarea de descubrir lo que parece ser la más grave infiltración de las FARC a organismos del Gobierno y entrevistó a uno de los jefes de las disidencias de las Farc quien aseguró que tanto el general Huertas como Wilmar Mejía habrían servido como puentes de comunicación entre la estructura armada ilegal y el Estado.
En diálogo con Noticias Caracol, fuentes de la entidad y del grupo armado ilegal aseguraron que, incluso, se habrían utilizado camionetas oficiales para transportar a miembros de las Farc lejos de las autoridades.
Le recomendamos leer: Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año?
Además, desde el Estado les habrían facilitado información que los ayudó, en varias ocasiones, a escapar de la Justicia colombiana.
Cabe resaltar que la filtración se habría dado, específicamente, con las disidencias de las Farc al mando de “alias Calarcá”, una célula que ha sido señalada por la Fiscalía de ser una de las posibles responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Curiosamente el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha dedicado en los últimos meses no a perseguir a este grupo de Calarcá sino al de Iván Mordisco.
Según los reportes, en la Fiscalía General de la Nación reposarían chats, documentos y celulares que contendrían información que demuestra, no sólo la presunta infiltración de los delincuentes dentro de la DNI, sino que también habría menciones a una supuesta financiación del grupo armado a la campaña Petro Presidente.
Puede leer: Disidencias de las Farc ‘Jaime Martínez’ habrían negado estar detrás del secuestro de Miguel Ayala
A pesar de que el ente investigador tiene en su poder aquellos documentos, la fiscal Luz Adriana Camargo no ha avanzado en el caso.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras conocerse la denuncia aseguró:
”Las revelaciones de @NoticiasCaracol son de extrema gravedad y ratifican lo que, desde hace más de un año, he denunciado desde el Gobierno de Antioquia: la sospechosa benevolencia con la que el Gobierno Petro trata a disidencias FARC de Calarcá”.
El 23 de julio de 2024, el Ejército Nacional realizó un retén en Santo Domingo, Nordeste antioqueño. Allí, detuvieron una caravana con siete jefes de las disidencias de Calarcá que iba custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Cuando revisaron, las autoridades encontraron que los jefes iban en compañía de un menor de edad, algo que constituye un delito y una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, la fiscal Luz Adriana Camargo ordenó que los dejaran ir, argumentando que, al ser gestores de paz, no podían ser capturados.
A pesar de aquella orden, las autoridades mantuvieron en su poder las pertenencias de los jefes. Entre los objetos decomisados se encontraban los celulares en los que reposan los chats, audios y documentos que serían la prueba del presunto nexo entre las disidencias de las Farc y altos miembros del Gobierno.
“Camarada, con el muchacho que yo fui yo allá hace ocho días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa legal de seguridad”, dice una carta enviada el 8 de febrero de 2024 uno de los miembros del grupo criminal de Calarcá, y en la cual se hace referencia al general Huertas, que para ese momento estaba en retiro, pero que fue reintegrado al Ejército por Gustavo Petro hace unos meses.
En la misma carta se asegura que, presuntamente, el general Huertas le habría propuesto un plan a las disidencias para utilizar vehículos blindados del Estado para transportar armas.
“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos esos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que él primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles”, se lee en el documento revelado por Caracol.
Según lo que cuenta el jefe de las disidencias en la carta, Huertas le habría hablado de establecer estrategias para evadir retenes y controles mientras se movilizan por las carreteras del país. Además, el texto enviado resalta la cercanía de Huertas con el Gobierno de Gustavo Petro.
Aquel vínculo se hizo evidente en 2022, cuando el general Huertas apoyó públicamente la campaña del presidente Petro. Para ese entonces, Huertas había sido destituido por el general Eduardo Enrique Zapateiro, quien entonces era el comandante del Ejército Nacional.
¿La razón? Huertas fue señalado por la JEP de, presuntamente, estar vinculado con casos de falsos positivos en Antioquia.
En 2024, dos años después de que Petro llegara al poder, el mandatario decidió reintegrar a Huertas al Ejército. El puesto al que llegó, jefe de comando de personal del Ejército, es uno de los más importantes y sensibles dentro de la entidad.
Pero Huertas no es el único mencionado en los documentos que reposan en poder de la Fiscalía. El segundo mencionado fue Wilmar Mejía, alto funcionario de inteligencia del Gobierno. Según 14 fuentes —pertenecientes al DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas— consultadas por Noticias Caracol: Mejía es el “verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia”.
El papel de Mejía, según la información revelada, sería clave para realizar un viaje a Venezuela en el que tanto él como Huertas recogerían información sobre un “camarada” de las disidencias que murió.
“Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano”, dijo el jefe de las disidencias en la carta enviada por correo.
Uno de los disidentes de las Farc accedió a hablar con el noticiero. En aquella conversación, aseguró que a Mejía lo apodan ‘el Chulo’ debido a que él sería el encargado de ser el puente entre las organizaciones criminales y la fuerza pública; es decir, los “chulos” (oficiales del Ejército).
Uno de los objetivos principales de estos vínculos sería, según el testimonio, facilitar la movilidad de los guerrilleros. El disidente aseguró que gracias a información facilitada por los funcionarios públicos, varios miembros del grupo armado que contaban con orden de captura pudieron movilizarse por Bogotá libremente, utilizando carros blindados que hacen parte de la dotación del Estado.
Lea también: Las camionetas de la UNP con los cabecillas de las disidencias llegaron al batallón Pedro Nel Ospina, de Bello
En la capital, los guerrilleros y altos funcionarios del Gobierno se habrían reunido para establecer los detalles de la empresa de seguridad que serviría como fachada para protegerlos. Esa que se mencionó en los correos.
En aquella reunión también habría participado el director de Indumil, el coronel en retiro Juan Carlos Mazo.
Hablaron acerca de la organización de la empresa, de las licencias de armamento y la documentación que necesitarían para contratar personal y comprar vehículos.
A cambio de aquella “ayuda”, las disidencias y los representantes del Gobierno habrían hecho un pacto de no agresión en el Catatumbo. Sin embargo, para lograr esto habrían revelado uno de los datos más secretos y preciados de la fuerza pública.
Según el testimonio del disidente, Mejía y Huertas les habrían dado los códigos de las frecuencias radiales del Ejército, lo que les permitió conocer las operaciones militares en curso y hablar con unidades del Ejército para coordinar no “chocarse”. Esto habría permitido que la fuerza pública contara con cero bajas.
Le puede interesar: A alias Firu, cabecilla de las disidencias, lo capturaron después de bajarse de camioneta de la UNP en Bello
Entre los archivos incautados a ‘Calarcá’ apareció un conjunto de documentos que deja ver la profundidad del choque entre el jefe disidente ‘Iván Mordisco’ y el presidente Gustavo Petro.
La pelea no es nueva. La relación entre ambos terminó de quebrarse en marzo de 2024. Para entonces, los asesinatos, secuestros y extorsiones atribuidos a la estructura de ‘Mordisco’ fueron interpretados por el Gobierno como una violación abierta al proceso de Paz Total.
El 21 de ese mismo mes, Petro lanzó una dura declaración en la que calificó al disidente como “un traqueto” que se escondía tras un discurso revolucionario para asesinar líderes sociales. ‘Mordisco’ contraatacó insinuando la existencia de un pacto político previo a la elección presidencial.
El disidente aseguró que habían respaldado a Petro en campaña y que, según él, el presidente no solo los había traicionado a ellos, sino también a la población que creyó en su mensaje progresista.
Cuatro días después, el 24 de marzo, salieron a la luz conversaciones privadas entre ‘Mordisco’ y Yeison Ojeda, alias Danilo Alvizú, comandante del frente Carolina Ramírez. Los chats llegaron a manos de ‘Calarcá’ luego de que ‘Alvizú’ se distanciara del jefe disidente.
En esos mensajes —que también hacen parte de la información que reposa en la Fiscalía— ‘Mordisco’ manifestaba su intención de golpear políticamente al presidente:
“Yo tengo ganas de tumbar a Petro... con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Mayimbú, lo tumbamos. Esas pruebas están”, dijo, y agregó: “Ese hp arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme... y ese pícaro no se imagina que si tenemos las pruebas”.
En el intercambio de mensajes, ‘Alvizú’ le respondió que “todo se hizo a través de Francia Márquez” y le pidió revisar la situación “con cabeza fría”.
Los hechos coincidirían con los reportes que ha hecho la prensa alrededor de la Paz Total. Y es que, a partir de 2024, Petro ordenó perseguir judicial y militarmente a ‘Mordisco’, insistiendo en que debía ser capturado con vida para que respondiera ante la justicia y aclarara las acusaciones que circulaban.
Más adelante, desde el propio Gobierno empezó a divulgarse que el jefe disidente estaría planeando un atentado contra el Presidente durante un desfile militar.
Desde entonces, la ofensiva se intensificó: hasta el 13 de noviembre de 2025 se registran 13 bombardeos, once de ellos dirigidos a las estructuras de ‘Mordisco’, que dejaron 15 menores muertos.
Las disidencias de Calarcá, entre tanto, siguen “quietas”, cobijadas por la Paz Total. Un proceso que, luego de tres años de desarrollarse, sigue sin dar frutos tangibles.
Le puede interesar: La doble moral de Petro: pide perdón por los bombardeos, pero los justifica
Noticias Caracol se encargó de buscar y contactar a todos los mencionados en el archivo reservado de las disidencias de alias ‘Calarcá’.
Por parte de Augusto Cubides, el jefe de prensa del presidente Petro, aseguró que iba a hacer las respectivas consultas. Sin embargo, hasta el momento en que se publicó el reportaje, no hubo respuesta.
Por otro lado, en la jefatura de prensa de la vicepresidenta Francia Márquez se determinó que la campaña fue “genuina, transparente y con el apoyo del pueblo colombiano”, además de afirmar que ella no se “reúne con criminales”.
En lo que respecta al general Juan Miguel Huertas, el Ejército aseguró que seguirá de cerca las actuaciones de la justicia. El propio Huertas negó las acusaciones y afirmó que nunca se ha reunido con integrantes de las disidencias de las Farc.
“Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje”, le aseguró al medio citado.
Por último, Wilmar Mejía dijo que tampoco ha viajado a Venezuela ni ha sostenido reuniones con jefes de disidencias. Aseguró que no tiene capacidad alguna para promover la creación de un departamento de seguridad y reiteró que todo se trata de un montaje contra Huertas y contra él.
Le puede interesar: Director de la Policía sostiene que la Segunda Marquetalia habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe
El caso ha causado tanto revuelo que incluso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció. Lo hizo en las horas de la noche a través de su cuenta de X. Allí aseguró que ordenó abrir una investigación desde el Ministerio y le pedirá celeridad a la Fiscalía en la investigación del caso.
Además, escribió: ”Es necesario llamar las cosas por su nombre y según los actos cometidos: alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ son criminales. Así lo argumentan las órdenes de captura. La posición del Estado colombiano es clara: individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia”.
En su comunicación agregó que aunque las disidencias de Calarcá hacen parte del proceso de Paz Total y gozan de ciertos privilegios, eso no les da una excusa para seguir cometiendo delitos.
“Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones”, dijo el funcionario.
Bloque de preguntas y respuestas
Regístrate al newsletter 
