El ministro habló de instituciones “obsoletas” y de un país “bloqueado” por sectores que, según él, frenan el cambio social.
Desde Shanghái, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció la presentación del proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente con 71 delegatarios, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.
El articulado —que definió como “el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia”— propone que el pueblo delibere sobre su futuro mediante el debate y no la violencia. En su mensaje, Montealegre comparó el proceso con las grandes transformaciones sociales del siglo XX y aseguró que la nueva Constitución busca superar “el bloqueo institucional” que, según dijo, impide el avance del país.
Minutos después de la publicación, desde distintos sectores se advirtió que la iniciativa no solo es inviable en tiempos electorales, sino que también tensiona el equilibrio institucional del país.
El líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, fue uno de los primeros en pronunciarse: “Jugar con una Constituyente a meses de una elección presidencial es incendiar la democracia con fósforos electorales. Convocarla ahora no solo es inviable, es una imprudencia monumental. El procedimiento legal es largo: ley del Congreso, revisión de la Corte y dos votaciones populares. Pretender hacerlo hoy es burlarse del Estado de Derecho”, señaló.
Desde el ámbito local, el concejal bogotano Papo Amín también cuestionó la propuesta. “En lo que terminó Chiquito Malo. Secundando el atropello de nuestra Constitución. Van por todo, ya tienen listo el borrador del proyecto de ley para convocar la Constituyente, buscando una ‘reforma total’. Qué peligro”, escribió en su cuenta de X.
El proyecto de ley parte de la siguiente premisa: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, que es el único que puede crear una nueva Constitución”. Amparado en los artículos 374 y 376 de la Carta de 1991, el borrador propone someter a votación popular dos preguntas, de las cuales la segunda define el alcance y los límites de la eventual Asamblea Nacional Constituyente.
Esa segunda pregunta plantea textualmente:“¿Está de acuerdo con que la Asamblea Constituyente reforme la totalidad de la Constitución Política, no revoque al Congreso, tenga como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens, la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales?”
En otras palabras, la Asamblea tendría facultades para reformar la Constitución en su conjunto.
La primera pregunta, por su parte, define la composición y el funcionamiento del órgano constituyente:“¿Está de acuerdo con convocar a una Asamblea Constituyente que sesionará durante tres meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral, con las siguientes características: estará integrada por 71 delegatarios elegidos por votación popular así: 44 por circunscripción nacional, 2 del pueblo afrodescendiente, 2 indígenas, 2 campesinos, 2 víctimas del conflicto, 2 de los sindicatos, 2 del pueblo joven, 2 del pueblo Rrom, 2 raizales y palenqueros, y 6 del pueblo colombiano en el exterior —en todos los casos, con paridad de género—, además de 2 delegatarias de madres cabeza de familia y 3 delegatarios del pueblo LGBTIQ+?”
El articulado señala que la Asamblea sesionaría durante tres meses y que el presidente tendría facultades extraordinarias por seis meses para reglamentar los requisitos y mecanismos de elección.
En la exposición de motivos, el Ministerio de Justicia argumenta que la iniciativa busca “superar el bloqueo institucional” que, según Montealegre, impide el avance de las reformas sociales y mantiene al país en un estado de parálisis semejante al que antecedió la Constituyente de 1991. El documento denuncia un Congreso “que ha renunciado a la deliberación democrática” y un sistema político que “resiste la transformación”.
A juicio del Ministerio, la Constitución de 1991 amplió los derechos, pero no reformó la estructura del poder: la llamada “sala de máquinas” del Estado. Por eso, plantea revisar temas como el Estatuto del Trabajo, la salud, la autonomía indígena, la justicia y el cambio climático. Todos ellos, según el texto, reflejan un modelo institucional agotado que debe ser reemplazado por otro “acorde con las necesidades del siglo XXI”.
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