Las piezas clave de un nuevo caso judicial comenzaron a moverse desde este martes 19 de agosto, cuando el despacho del magistrado Gerson Chaverra, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, puso en marcha el proceso que podría significar el fin del imperio criminal de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.
Luego de una investigación, este sujeto fue condenado por liderar la banda “La Inmaculada” y con un historial de 39 homicidios a sus espaldas, Marín Silva enfrenta ahora una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.
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El primer paso de este complejo trámite fue que el líder criminal debía designar un abogado defensor para su caso y todo el debido proceso.
Y es que en una comunicación formal dirigida al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia advirtió que si no nombra a un apoderado de confianza, se le asignará uno de oficio, como es de costumbre.
“Antes de iniciar el trámite que en estos casos le compete a la Corte, requiérase al ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que nombre defensor de confianza, advirtiéndole que de no hacerlo se le designará uno de oficio”, decía el documento oficial.
Un traslado de película y lujos en prisión
La notificación de la orden de captura internacional, que reactivó el caso, llevó a “Pipe Tuluá” a estar entre los barrotes de la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá.
Este traslado marcó un punto de inflexión en su estadía carcelaria, que hasta ese momento se desarrollaba bajo condiciones de opulencia, contando con varios lujos y privilegios a los cuales, ningún preso debería tener acceso.
Según una fuente consultada por el diario El Tiempo, Marín Silva “vivía en el pabellón como un rey. Tenía relojes de alta gama, ropa de diseñador, vivía allí con todas las comodidades inimaginables. En esa zona del complejo carcelario estaba con varios de sus familiares”.
Esta situación contrasta claramente con las normas del Inpec y puso en evidencia cómo el capo lograba evadir los controles del sistema penitenciario, manteniendo su estatus y poder incluso tras las rejas.
El alcance de un líder criminal
Las investigaciones judiciales revelaron que el poder de “Pipe Tuluá” iba mucho más allá de las murallas de su celda. El líder de “La Inmaculada” forjó alianzas con ‘narcos invisibles’, disidencias y el ‘Clan del Golfo’ para mover grandes cargamentos de cocaína por el Pacífico.
Según las indagaciones previas, desde la prisión, el capo corrompía el sistema para mantenerse en contacto con sus hombres, por lo que instalaba redes clandestinas de wifi y operaba con teléfonos celulares para guiar los operativos.
Su historial es tan sanguinario como extenso: los informes detallaron que entre 2011 y 2017 dirigió 46 homicidios, de los cuales 39 se concretaron, según los registros oficiales.
Entre sus víctimas se cuentan personas que se negaron a pagar extorsiones, miembros de su propia organización, un guardia del Inpec e incluso un cerrajero, cuyo cuerpo fue desmembrado y luego lanzado al río Tuluá.
La decisión final
El proceso judicial avanza, y con él, el reloj de “Pipe Tuluá” comenzó a correr. Una vez que designe a su defensa, o se le asigne uno de oficio, tendrá un plazo de diez días para solicitar las pruebas que considere pertinentes, conforme al artículo 500 del Código de Procedimiento Penal.
La Corte Suprema revisará minuciosamente el expediente, ya que el proceso de extradición permanece suspendido, a la espera de que se defina quién será el abogado que intentará, una vez más, frenar el alcance y traslado de este peligroso criminal.
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, es investigado, judicializado y requerido por las autoridades de Estados Unidos por asesinato, extorsión y narcotráfico, luego de movilizar grandes cargamentos de cocaína por gran parte del área del Pacífico.
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