Este miércoles –a menos de un año para que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro–, fue elegida la nueva mesa directiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Se trata del organismo donde reposan, entre otras, las denuncias contra el mandatario por presunta violación de topes electorales, así como el expediente que fue abierto por las cartas del excanciller Álvaro Leyva en las que aseguró que el jefe de Estado tiene un supuesto “problema de drogadicción”.
Sin embargo, una vez más el petrismo logró imponerse en la mesa directiva de esa célula legislativa. Por un lado, fue elegida con 15 votos la representante Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador Roy Barreras, quien además es su expareja.
Justamente, Arizabaleta –que además integra el triunvirato investigador que durante varios años ha estado a cargo de la investigación contra Petro por presunta violación de topes de financiación–, se refirió indirectamente a su cercanía con el hoy precandidato presidencial Roy Barreras.
“En mi vida los únicos ex con los que me gusta que me llamen son exprocuradora y exfiscal. Soy una mujer de derecho y de justicia. Sé que la justicia es un ideal y como ideal es inalcanzable. Lucharemos, sin embargo, por alcanzar una justicia posible, concreta y real”, señaló la congresista.
Por su parte, como vicepresidenta fue elegida la representante paisa María Eugenia Lopera, quien hace parte del grupo político del exsenador Julián Bedoya y que se ha caracterizado por ser otra de las incondicionales del Gobierno, particularmente con proyectos como la reforma a la salud.
En marzo pasado, en el marco de la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro –por cuenta de presuntas irregularidades en materia de financiación–, esa célula legislativa se comprometió a adoptar una “decisión de fondo” frente al caso antes de junio pasado, cuando concluyeron las sesiones ordinarias del Parlamento.
Sin embargo, el triunvirato investigador –conformado por los representantes petristas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (ambos del Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de La U)–, reclamó que una nueva recusación obligó a suspender el proceso investigativo.
“Al presentar recusaciones no solo improcedentes e infundadas, sino también mal tramitadas, solo se dilata el proceso porque la ley obliga a los investigadores a suspender términos mientras el asunto se resuelve de fondo”, señalaron.
El triunvirato encargado del proceso aseguró que con esta recusación ya se completan cinco, “que han generado 12 meses de suspensión en la investigación que lleva en total 24 meses”. Según los congresistas, en 2023 las recusaciones presentadas por los también congresistas Christian Garcés y Paola Holguín, ambos del Centro Democrático, había suspendido el proceso durante cinco meses y habían sido rechazados.
En esa línea, destacaron que la investigación ha avanzado en el año en que ha estado activa “de forma célere”, teniendo en cuenta los tiempos de la Comisión, que –manifestaron– aún está resolviendo casos de presidentes y fiscales de los años 90.
También advirtieron que los tiempos de la Comisión “no son los más expeditos” debido a que hay “una serie de problemas estructurales”, como la dispersión de las reglas de procedimiento para la investigación y juzgamiento de aforados, la contratación temporal de asesores jurídicos, la ausencia de requisitos para presentar denuncias “que generan una enorme congestión” y la carencia de un sistema digital de consulta de expedientes.
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