A la fiscal Lucy Laborde, que ha tomado decisiones relevantes en el caso, le asignaron como “apoyo” a María Isabel Ramírez Meléndez, fiscal 4 de “la Delegada para las Finanzas Criminales para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica” en el expediente contra el hijo mayor del presidente de la República.
La Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, tomó una decisión este lunes sobre el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Petro, que llamó la atención entre los funcionarios y cercanos al proceso. Con la resolución número 33 del 8 de septiembre, la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía decidió asignar como “apoyo” a otra fiscal en un momento clave del proceso.
“ (...) la Delegada para las Finanzas Criminales en coordinación con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consideran procedente designar como apoyo a la Doctora María Isabel Ramírez Meléndez, Fiscal 4 de la Delegada para las Finanzas Criminales para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior de la noticia criminal” correspondiente al caso de Petro Burgos, según se lee en documento conocido por EL COLOMBIANO.
La decisión se sustenta en varias normas vigentes citadas y pone como antecedente que la fiscal de “apoyo”, Ramírez Meléndez, fue asignada en mayo de este año “en calidad de Delegada para las Finanzas Criminales (...) la disponibilidad de personal sumado a las altas cargas laborales y situaciones administrativas de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal, nos conducen a la implementación de estrategias que permitan cumplir estos objetivos”, agrega el documento justificando la decisión sin brindar mayores detalles.
La fiscal Lucy Laborde ha tomado varias decisiones relevantes en este caso. Recientemente, en marzo de este año, pidió llamar a varios testigos presuntamente relacionados con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
También, a principios de junio de 2025, hubo un cruce entre Petro Burgos y su defensa con Laborde. El hijo del presidente asistió virtualmente a la audiencia, según su abogado, atendiendo el “principio de prevención” que debe reinar por “la situación que vive el país”.
La fiscal Laborde dijo que “el señor Nicolás Petro tiene vigente una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que está vigente, por lo que persiste la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales cuando se le requiriera”.
“No es tan del todo cierto que el señor Nicolás Petro, pueda a su libre albedrío, o el de su defensa, dejar de asistir a las audiencias presenciales, máxime cuando su señoría manifestó que todos deberíamos acudir presencialmente”, agregó.
El procesado contestó acusándola de tener un “doble rasero” en su caso: “Yo siempre he estado presente en todas estas audiencias que se han convocado. Me sorprende sobremanera, el doble rasero que aplica conmigo, pero en el otro caso con la señora Daysiurs Vásquez Castro, que ni siquiera asiste a la audiencia, no dice nada”.
A los cargos que ya enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se suma ahora la apertura de otro proceso judicial que podría conducirlo a un segundo juicio en su contra.
La Fiscalía radicó ante un juzgado de Barranquilla la imputación de cargos por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento.
Los hechos están relacionados con actuaciones presuntamente ilegales cometidas cuando el hijo del presidente era diputado del Atlántico. En concreto, se conoció que habría influido o ejercido presión para la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones de pesos, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
Según se conoció, dichos convenios, que tenían como propósito la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, nunca llegaron a ejecutarse.
Los recursos públicos que, al parecer, estaban destinados para dichas actividades no habrían llegado al objetivo de los contratos. En Colombia, el delito de interés indebido en la celebración de contratos puede acarrear penas de prisión de 64 a 216 meses y una multa de 66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Del mismo modo, el artículo 287 del Código Penal establece prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses para quien falsifique un documento público.
En paralelo, el ente acusador pedirá que Petro Burgos sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que dejaría al hijo del presidente tras las rejas mientras avanza el proceso.
Se espera que hoy martes 9 de septiembre se conozca la fecha para la audiencia de imputación de cargos.
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