Un abogado fue suspendido por abusar de recursos judiciales para liberar a un grupo de seis personas que están siendo judicializadas por presuntamente lavar activos de una estructura criminal con injerencia en Antioquia y Cauca.
Según precisó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la sanción fue impuesta luego de dicho órgano llegara a la conclusión de que el abogado se habría aprovechado de su rol para entorpecer la justicia.
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El caso en cuestión se remonta más de cuatro años atrás, fecha a partir de la cual, según la Fiscalía, un grupo de por lo menos 16 sospechosos estarían lavando capitales de un grupo armado, vendiendo oro extraído ilegalmente.
Según sostuvo la Fiscalía, los implicados habrían lavado hasta 20 millones de dólares, que habrían sido captados por un grupo delincuencial de alta peligrosidad que opera en ambos departamentos.
En medio de ese proceso se produjeron 16 capturas, en una gran redada desplegada en los municipios de Sabaneta (Antioquia) y Timbiquí (Cauca).
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De ese grupo de implicados, el abogado hoy procesado asumió la representación de seis, quienes fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal.
En medio de las audiencias del caso, la Fiscalía logró obtener por parte de un juez una medida de aseguramiento, para que los implicados fueran enviados a la cárcel mientras avanzaba el juicio en su contra.
Tras esa decisión, reseñó la comisión, el abogado comenzó a interponer una serie de recursos buscando que sus defendidos fueran puestos en libertad.
“Con la causa penal avanzada, el abogado promovió una audiencia preliminar por vencimiento de términos y/o sustitución de la medida de aseguramiento, pretensiones que fueron negadas por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali”, señaló ese órgano en un comunicado.
A pesar de esa negativa, el abogado continuó interponiendo más recursos, y esta vez acudió a una tutela y varias solicitudes de habeas corpus.
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“No conforme con la respuesta, el apoderado insistió como defensor y como agente oficioso, acumulando al final una acción de tutela y tres solicitudes de hábeas corpus, donde alegaba el vencimiento de los términos judiciales”, añadió el ente, aclarando que ninguno de estos recursos tuvo tampoco éxito y la decisión de asegurar a los implicados fue incluso refrendada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Cali.
A raíz del robusto volumen de procesos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió entonces un proceso en contra del abogado, para determinar si este se estaba aprovechando de su rol para entorpecer el avance del proceso judicial.
Tras estudiar el caso, ese órgano llegó a la conclusión de que el abogado sí habría sometido a la rama judicial a un desgaste innecesario, abusando de los recursos que otorga la ley.
A juicio de los magistrados que revisaron el caso, el comportamiento del abogado habría reprochable al nivel de calificarlo como “impertinente” y hasta “caprichoso”.
“En fallo con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, la Corte Disciplinaria calificó el comportamiento del investigado como impertinente, temerario y caprichoso, pues sus pretensiones ya habían sido resueltas, queriendo entonces congestionar la administración de justicia con pleno conocimiento y voluntad de su actuar”, agregó la comisión.
En total, la comisión ordenó suspender al litigante por un periodo de cuatro meses.
