El controvertido proyecto de ordenanza con el que la Contraloría de Antioquia está pidiendo pista para meterle mano a su planta de cargos aterrizará este miércoles en la Asamblea Departamental.
Justo pocos días después de que en esa corporación ya comenzara a rodar el proceso con el que se elegirá al próximo contralor, la comisión segunda deberá decidir si da un primer espaldarazo a la iniciativa o la hunde.
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Las cuentas para la Contraloría se anticipan desde ya cuesta arriba, ya que desde el pasado 9 de julio se radicó una ponencia negativa en la que se formularon reparos de fondo y de forma a la iniciativa, que desde que se hizo pública generó fuertes críticas y desconfianza entre varias bancadas.
Dicha ponencia aparece firmada por la diputada Verónica Arango, quien desde finales de junio pasado ya había advertido que tanto ella como su bancada, la del Centro Democrático, se opondrían a la aprobación de la reestructuración del ente.
Una iniciativa polémica
El inicio de esta controversia se remonta al pasado 17 de junio, día en el que la contralora de Antioquia, Enedith del Carmen González Hernández, radicó en la Asamblea el proyecto de ordenanza 26.
En dicha iniciativa, que consta de seis artículos, la contralora pide luz verde de los diputados para suprimir 66 cargos de los 112 que al interior de ese ente tienen la clasificación de contralor auxiliar, cargo de libre nombramiento y remoción y con una asignación salarial de $8,4 millones.
A renglón seguido, el proyecto propone la creación de 66 cargos nuevos pero bajo el rótulo de profesional especializado, con una asignación salarial mensual $7,9 millones y en la condición de carrera administrativa.
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Pese a que en la exposición de motivos la Contraloría argumentó que con este cambio se buscaban reducir los costos asociados a la planta de cargos, en un ahorro anual de $1.089 millones, la iniciativa generó desconfianza en la Asamblea, en donde la misma fue vista por muchos como una movida en la que podrían atornillarse a sus puestos por lo menos 66 funcionarios, que permanecerían allí sin importar quien llegase a dirigir el ente de control.
Estas suspicacias se han alimentado además luego de que en días recientes se formularan más denuncias por el nombramiento en el ente de personas vinculadas a escándalos por presunta corrupción en la Alcaldía de Medellín durante la administración del exalcalde Daniel Quintero y por presuntas irregularidades en el otorgamiento del título de abogado del exsenador liberal Julián Bedoya.
Según denunció el diputado José Luis Noreña, los dos funcionarios vinculados a dichos escándalos se trata de Juan Carlos Hoyos Loaiza, antes vinculado a la Universidad de Medellín y condenado en primera instancia por el caso Bedoya; así como Laura María Mejía, exlíder de Unidad Logística en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá e imputada por la Fiscalía por el escándalo del Parque de las Aguas.
“La Contraloría es la que vigila los dineros públicos del departamento, eso es algo gravísimo doctora, cuando veo estas hojas de vida acá. Estamos hablando de la Contraloría General de Antioquia, que es la que audita los dineros públicos del departamento”, expresó entonces Noreña.
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Entre tanto, la Contraloría se defendió entonces aduciendo que ambos funcionarios no tenían decisiones judiciales en firme en su contra y que los procesos en los que estaban involucrados no afectaban su idoneidad para ejercer sus funciones.
Las cuentas del proyecto
Luego de radicarse en la Asamblea, el proyecto para reformar la planta de cargos de la Contraloría quedó en manos de la comisión segunda, instancia encargada de discutir los proyectos asociados a asuntos sociales y administrativos. Allí, la diputada Verónica Arango fue designada como ponente.
En dicho informe de ponencia, que será sometido a votación este miércoles, Arango cuestionó la conveniencia del proyecto, argumentando que a pesar de las eficiencias fiscales que promueve estaría viciado por inconsistencias jurídicas y acarrearía riesgos administrativos.
“La principal objeción de legalidad, que desvirtúa la conveniencia, radica en la desnaturalización de los cargos, al no respetar la clasificación de los empleos públicos establecida en la Constitución y la ley. Si bien la Contraloría tiene competencia para modificar su planta, dicha facultad no es absoluta y debe ajustarse al marco legal”, argumentó la diputada en su ponencia.
De igual forma, Arango señaló que, en caso de ser necesario crear cargos de carrera administrativa para mejorar el funcionamiento de la entidad, dicho ejercicio debería ir acompañado de definir estándares de desempeño claros y detallados, de tal forma que el rendimiento de quienes los ocupen pueda ser evaluado y así se determine su continuidad o remoción.
“Si bien el proyecto se sustenta en un marco legal sólido para la autonomía de la Contraloría, desde la óptica de la conveniencia, sus vicios de legalidad superan ampliamente sus beneficios: La rigidización de la planta, la pérdida de discrecionalidad administrativa, los riesgos derivados de la transición, la ausencia de un análisis comparativo de alternativas menos lesivas, y la flagrante desnaturalización de los cargos, hacen que esta iniciativa no solo no resulte adecuada para la realidad actual de la Contraloría General de Antioquia, sino que es jurídicamente cuestionable y potencialmente lesiva para la estabilidad y el patrimonio de la entidad a largo plazo”, añadió la diputada.
Durante la sesión de este miércoles, se espera que los nueve diputados que integran la comisión segunda realicen el primer debate de la iniciativa y sometan a consideración dicha ponencia negativa, que, en caso de aprobarse, implicará que el proyecto naufrague.
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