Hace dos semanas, cuando se supo que al menos 15 menores de edad habían muerto en bombardeos del Ejército contra las disidencias de las Farc, el país volvió a poner los ojos sobre las consecuencias del reclutamiento forzado de menores, que casi nunca se detiene en las zonas más críticas del conflicto, pero que suele pasar de agache.
Además, es uno de los crímenes más difíciles de medir, el subregistro es inmenso, pues las familias, casi siempre agobiadas por el conflicto, prefieren no denunciar. O también pasa que hay comunidades donde ya se ha normalizado o donde parece simplemente que ese es el destino de sus jóvenes: entrar a algún grupo armado y conseguir plata para mandarle a la familia.
Según el más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas, verificado en 2024, el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes aumentó un 42% en comparación con el año anterior.
Antioquia figura como uno de los escenarios más críticos. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño son focos rojos donde grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc concentran su accionar. La Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 189% en casos de reclutamiento a nivel nacional durante 2024, advirtiendo riesgos altos en el Bajo Cauca.
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Hilda Molano, coordinadora de la secretaría técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), explica que, salvo por el 2015 y 2016, en la fase final de las negociaciones del Acuerdo de Paz de la Habana, el fenómeno nunca ha cesado pero sí se ha transformado. “El reclutamiento es continuo. Todos los actores del conflicto han pasado por esta situación y la edad promedio nacional es inferior a los 15 años”, señala la experta, advirtiendo que las cifras oficiales son apenas una muestra debido al miedo a denunciar en los territorios.
“Red-clutamiento”: La trampa digital
Una de las transformaciones más preocupantes del conflicto es el traslado de las tácticas de persuasión a los entornos digitales. Las autoridades en el Norte de Antioquia han denunciado que estructuras criminales utilizan plataformas como TikTok para atraer a menores.
A través de videos acompañados de corridos mexicanos, imágenes de armas y fajos de billetes, los grupos ilegales exaltan la vida criminal y contactan a los jóvenes que interactúan con estos contenidos. La JEP ha identificado al menos 48 cuentas en redes sociales dedicadas a promover la vinculación a grupos armados, con contenidos que alcanzan más de 625.000 visualizaciones.
Para Molano, esto no es accidental. “Es una estrategia de los grupos armados. Hay una serie de inversiones que ellos están haciendo para la producción de materiales, piezas e impulso de determinados influenciadores”, afirma.
¿Reclutamiento o uso?
Para entender la magnitud del problema en Antioquia, es necesario diferenciar dos fenómenos que, aunque afectan los derechos de los menores, tienen implicaciones legales distintas: el reclutamiento forzado y el uso de menores.
María Patricia Giraldo, Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, aclara que mientras el reclutamiento suele implicar sacar al menor de su entorno para llevarlo a filas o campamentos —típico de las disidencias o el ELN—, el “uso” es una dinámica más urbana y ligada a bandas criminales.
“Lo que ellos hacen es usar y utilizar a los niños, niñas y adolescentes para cometer delitos de manera directa (...). Aquí estos menores no son excluidos de sus grupos familiares ni de su vida social”, explica la funcionaria.
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El drama radica en que, ante la ley, estos menores “usados” muchas veces no son vistos como víctimas del conflicto, sino como infractores que, al ser capturados por la policía entran al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, quedando en un vacío de protección estatal frente a su condición de víctimas.
Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia ha implementado la estrategia “Jóvenes Pa’ Lante”, un programa de prevención temprana que busca arrebatarle los jóvenes a la guerra antes de que sea tarde.
Esta iniciativa es el equivalente departamental del programa “Parceros” de Medellín. La estrategia funciona a través de un equipo de 120 jóvenes líderes contratados por la Gobernación, quienes, acompañados por psicólogos y trabajadores sociales, movilizan a más de 3.000 jóvenes en riesgo en 60 municipios del departamento.
“A través de prevención del delito, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental se fortalece ese proyecto de vida”, detalla Giraldo. Al finalizar el ciclo de formación, los beneficiarios reciben un incentivo económico o una beca para formación laboral o emprendimiento, atacando así la falta de oportunidades que los grupos armados suelen explotar.
La inversión en esta estrategia supera los 3.000 millones de pesos anuales, focalizándose prioritariamente en las subregiones más golpeadas por la desvinculación de menores: el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste.
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